Veintinueve hogares que alquilan pisos administrados por la Tesorería de la Seguridad Social han recibido una notificación oficial para dejar sus domicilios antes del 31 de julio próximo. Los afectados aclaran que esta medida no proviene de inversores privados ni especuladores, sino que es una acción promovida directamente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Las personas afectadas expresan su preocupación, ya que las residencias forman parte del parque público estatal y esperaban continuar con una vivienda digna. Sin embargo, la Tesorería de la Seguridad Social les ha exigido desalojar en un plazo breve, lo que ha generado incertidumbre sobre su futuro habitacional.
Estos hogares demandan una solución que asegure el acceso a una vivienda estable y denuncian que el Gobierno actúa de forma precipitada, evidenciando las dificultades existentes para obtener alquileres accesibles en España.
