La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha determinado que la red relacionada con el negocio de hidrocarburos, objeto de investigación por la Audiencia Nacional, destinó aproximadamente un millón de euros en sobornos y pagos encubiertos a funcionarios públicos, incluido el exministro José Luis Ábalos, para influir en decisiones administrativas fundamentales.
El informe —entregado al Juzgado de Instrucción número 5— describe cómo la organización, supuestamente liderada por el empresario Claudio Rivas y mediada por el intermediario Víctor de Aldama, intentó obtener la concesión de una licencia para operar como mayorista de carburantes a favor de la empresa Villafuel, a pesar de que esta no cumplía con los requisitos legales establecidos.
Los investigadores indican que la red implementó varios métodos para “comprar voluntades”, incluyendo transferencias de fondos y comunicaciones que sugieren la entrega de dinero a personas con influencia en ministerios como Transportes —encabezado por Ábalos durante el periodo investigado—, Transición Ecológica e Industria.
Según la UCO, tras conseguir la licencia, Villafuel habría aprovechado su posición para llevar a cabo un fraude fiscal que podría superar los 180 millones de euros, lo que agrava la dimensión del caso.
El proceso judicial sigue en fase de instrucción y forma parte de un conjunto más amplio de investigaciones orientadas a esclarecer el posible uso de contactos políticos y pagos irregulares para manipular trámites administrativos en sectores estratégicos.
