Torre Pacheco (Murcia) – Este miércoles, el alcalde del municipio, junto con representantes religiosos musulmanes de la comarca de Cartagena, pactaron diversas iniciativas destinadas a reforzar la convivencia y recuperar la cohesión social en la localidad, tras recientes episodios de índole racista.
En la reunión, que tuvo lugar en un contexto de creciente tensión social, ambas partes evaluaron la situación de la población migrante en Torre Pacheco y coincidieron en la importancia de colaborar para que la localidad recobre “la tranquilidad y la paz”. Mohamed Ghazli, director de la mezquita de Balsicas, enfatizó la unión entre residentes originarios y migrantes: “En este pueblo han crecido nuestros hijos. Estamos muy unidos como migrantes y españoles, trabajando juntos”, manifestó.
La preocupación aumentó en los últimos días tras la agresión a un habitante, presuntamente perpetrada por tres jóvenes de origen magrebí, lo que ha llevado a un incremento de las tensiones raciales y a la convocatoria de manifestaciones no autorizadas contra la población extranjera.
Torre Pacheco, con más de 40.000 habitantes, cuenta con un elevado porcentaje de migrantes, principalmente vinculados al sector agrícola. La localidad se ubica en el centro de la industria agroalimentaria murciana, cuya producción de frutas y hortalizas supone el 20 % de las exportaciones agrícolas nacionales y generó en 2024 más de 3.500 millones de euros.
Chebab, un joven de 24 años nacido en España y descendiente de trabajadores del campo, refleja el sentir de muchos jóvenes hijos de migrantes: “Mi padre ha trabajado 30 años en el campo. Nos ha dado hogar y sustento. Me siento español, aunque también marroquí”, afirmó, convencido de que “quienes impulsan estos ataques racistas no pertenecen a nuestra comunidad”.
Para esta tarde se ha convocado otra concentración en la localidad contra la población migrante. Será la segunda movilización consecutiva organizada por grupos ultras, nuevamente sin permiso oficial. La Guardia Civil mantiene un operativo con más de un centenar de agentes para garantizar la seguridad y evitar conflictos, como en la protesta previa, donde la policía impidió la intervención de agitadores externos.
Las autoridades reiteran que no permitirán que “minorías radicales alteren la convivencia” en un municipio que hasta ahora ha basado su fortaleza en la diversidad.
