Hace diez días, el gestor ferroviario facilitó el inventario de raíles y soldaduras, luego de que la Guardia Civil alertara sobre el traslado de piezas sin autorización judicial ni policial.
La investigación del grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero, que causó la muerte de 46 personas, ha generado una nueva controversia institucional. Adif entregó al juzgado de Montoro el inventario de fragmentos de vía y hasta 18 soldaduras que retiró del lugar del siniestro cuatro días después del accidente, y los trasladó a su base de mantenimiento en Hornachuelos sin informar previamente a los investigadores técnicos ni a la autoridad judicial.
Esta acción se efectúo únicamente tras la presentación de un escrito por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil a la jueza Cristina Pastor, en el que se señalaba una «posible irregularidad». Según la Guardia Civil, Adif extrajo y trasladó material, y realizó ensayos de dureza sobre él, sin pedir permiso ni comunicarlo a quienes tenían la custodia del lugar.
Adif defiende su actuación para «preservar» el material
Adif y el Ministerio de Transportes justificaron la medida afirmando que las piezas retiradas habían sido descartadas como pruebas por la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) durante los tres días de recogida de evidencias en el ámbito del siniestro. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, explicó que se trasladaron «por precaución» para protegerlas de las inclemencias, el robo o de ser dañadas por maquinaria durante la reparación de la vía.
El material incluye:
- Traviesas con daños y fragmentos metálicos de distintos tamaños.
- Secciones (trozos) de raíl y desvíos sin identificación clara.
- Soldaduras ubicadas entre 127 y 370 metros del punto exacto del descarrilamiento, pero similares a las que, según la hipótesis principal, provocaron el accidente del tren Iryo.
Interrupción en la cadena de custodia
Aunque Adif asegura que las piezas estuvieron disponibles para la justicia en todo momento, su valor jurídico está cuestionado por la ruptura de la cadena de custodia. El traslado ocurrió durante la noche y madrugada del 22 al 23 de enero por una «orden verbal» de un jefe de área de Adif, incluso antes de que el juzgado autorizara el inicio de las obras de reparación.
La Guardia Civil desconocía la ubicación exacta de estas piezas hasta principios de febrero, cuando sus agentes visitaron la base de Hornachuelos, procediendo entonces a precintar el material y supervisar la instalación de una alarma en el lugar donde se conservaban.
Aviso sobre posible responsabilidad penal
El 10 de febrero, la jueza Pastor ordenó mediante providencia la «restitución inmediata» o entrega del material, advirtiendo a Adif de posibles consecuencias de responsabilidad penal. La empresa cumplió la orden el 13 de febrero, aportando un informe de trazabilidad de 23 páginas elaborado por la consultora Ineco.
Desde el Ministerio de Transportes se reconoció que informar de inmediato al juzgado sobre el traslado habría evitado sospechas sobre la transparencia del procedimiento. Sin embargo, la inclusión de estos restos en la causa judicial se realiza en un contexto de incertidumbre acerca de si los ensayos de dureza realizados por Adif pudieron modificar el estado original de los raíles antes de su análisis por peritos independientes.
