El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por Pedro Rocha, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), contra varios miembros del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por un presunto delito de prevaricación administrativa. La decisión judicial, fechada el 4 de diciembre, acuerda la incoación de diligencias previas al considerar que los hechos denunciados presentan indicios suficientes de una posible infracción penal.
La resolución dirige las actuaciones contra tres integrantes del TAD, señalados por Rocha como responsables de la decisión que provocó su inhabilitación y posterior exclusión de las elecciones federativas celebradas este año.
Rocha celebra el avance judicial y aspira a regresar a la RFEF
Según ha podido saber AS, el expresidente valora positivamente la admisión a trámite de la querella y mantiene la intención de reincorporarse a la junta directiva de la RFEF. Así se lo habría trasladado al actual presidente federativo, Rafael Louzán.
El pasado 30 de septiembre, la justicia ya dio la razón a Rocha al anular la inhabilitación impuesta por el TAD, que le impidió concurrir a los comicios en los que Louzán resultó elegido. El fallo judicial consideró la resolución del órgano disciplinario “contraria a derecho”, al no atender las alegaciones del propio Rocha y “generarle indefensión”. El tribunal concluyó que el extremeño debería haber podido presentarse a las elecciones.
El origen del caso
El conflicto se remonta a junio de 2024, cuando el TAD acordó inhabilitar a Rocha durante dos años y multarle con 33.000 euros por diversas actuaciones realizadas mientras presidía la Comisión Gestora de la RFEF, cargo que asumió tras la suspensión de Luis Rubiales.
La decisión respondía a una denuncia presentada por Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), trasladada posteriormente al TAD por el Consejo Superior de Deportes (CSD). Galán acusaba a Rocha de extralimitarse en sus funciones al frente de la Gestora.
Entre las actuaciones señaladas figuraban el cese del secretario general, Andreu Camps; la rescisión del contrato del asesor legal externo, Tomás González Cueto; y la personación de la RFEF como acusación particular en el “caso Rubiales”, investigado por el Juzgado número 4 de Majadahonda. La instructora del expediente proponía inicialmente una sanción de seis años por considerar estas acciones como infracciones muy graves, adoptadas de forma unilateral. Algunas de ellas fueron posteriormente ratificadas por la propia Gestora.
Un giro judicial con impacto en la RFEF
La admisión de la querella supone un nuevo capítulo en un proceso que ha marcado la vida institucional de la Federación durante el último año. Si las diligencias avanzan y se confirma la existencia de prevaricación administrativa, la actuación del TAD quedaría aún más cuestionada.
Mientras tanto, Pedro Rocha mantiene su aspiración de recuperar protagonismo en la RFEF, ahora bajo la presidencia de Rafael Louzán.
