Las recientes actuaciones de los funcionarios de aduanas en el paso fronterizo de Bab Sebta han desatado una fuerte polémica al imponerse, según denuncian numerosos testimonios, la devolución forzosa de turistas marroquíes y marroquíes residentes en el extranjero que retornan al país con artículos personales o pequeños regalos destinados a familiares y amigos. Una práctica inédita y sin sustento legal que ha generado alarma social y preocupación entre organizaciones de derechos humanos.
Un procedimiento sin base legal ni reglamentaria
De acuerdo con el Código de Aduanas e Impuestos Indirectos, los viajeros tienen derecho a cruzar con sus objetos personales siempre que sean para uso individual y no tengan fines comerciales. Sin embargo, en los últimos días decenas de ciudadanos —entre ellos numerosos turistas y miembros de la diáspora marroquí que regresan al país— han sido obligados a volver a Ceuta pese a portar únicamente una o dos bolsas con regalos o artículos de primera necesidad.
Diversos afectados aseguran que algunos agentes admiten no querer “perder tiempo” realizando decomisos o redactando informes, optando por la vía más rápida: impedir la entrada a Marruecos y obligar a los viajeros a regresar a Ceuta para abandonar o gestionar allí sus pertenencias.
Una práctica que vulnera derechos fundamentales
Obligar a un ciudadano marroquí a regresar a territorio español constituye, en la práctica, una denegación ilegal de entrada en su propio país. Esta medida no figura en la normativa vigente y choca frontalmente con los principios constitucionales que garantizan la libertad de circulación, la dignidad y el derecho al retorno.
Muchos viajeros relatan incluso que fueron dirigidos hacia carriles contrarios o zonas de tránsito que les impedían continuar su paso, generando un ambiente caótico en un punto fronterizo especialmente sensible.
Preocupación por la imagen institucional y el riesgo de abusos
Estas actuaciones, inéditas incluso en periodos de mayor tensión, están deteriorando la percepción pública sobre el funcionamiento del paso de Bab Sebta. Según denunciantes y asociaciones marroquies, este tipo de medidas abren la puerta al abuso de poder, vulneran derechos básicos y dañan gravemente la imagen del Estado en un momento en que se trabaja por modernizar y humanizar la gestión fronteriza.
Organizaciones de derechos humanos ya han anunciado que trasladarán estos hechos a las autoridades centrales y solicitarán la apertura de una investigación formal. Algunas incluso han acudido directamente al poder judicial, calificando lo sucedido como un acto arbitrario y una violación de la legalidad por parte de un organismo que debería ser ejemplo de disciplina y respeto institucional.
Llamamiento a la intervención del Estado
Expertos y colectivos ciudadanos marroquies recuerdan que los pasos fronterizos no son “zonas grises”, sino parte plena del territorio nacional, donde debe imperar la ley y no decisiones discrecionales. Aunque el Estado tiene facultades para regular la entrada de mercancías, ninguna autoridad puede impedir que un ciudadano acceda a su propio país sin un fundamento legal claro.
Ante la escalada de denuncias, numerosas voces reclaman una intervención urgente del Ministerio de Hacienda y de la Administración de Aduanas para restaurar el orden, garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos y preservar la credibilidad y el funcionamiento adecuado del paso fronterizo de Bab Sebta.
