Artículo de opinión de Jóvenes por la Dignidad
El agua en Ceuta es hoy un asunto candente. Cientos de ciudadanos denuncian las desorbitadas facturas que deben afrontar bimestralmente para poder acceder a un bien básico, esencial y reconocido como un derecho fundamental. Algunos atribuyen esta situación a un consumo excesivo o a una mala gestión doméstica, apelando a la responsabilidad individual. Sin embargo, la realidad es bien distinta.
Es cierto que existen hogares con familias numerosas donde el consumo puede ser mayor. Pero también hay evidencias claras de fallos sistémicos en los servicios públicos esenciales, problemas que deben ser analizados con rigor y corregidos con urgencia.
Un informe de 2023 de FACUA ya situaba a Ceuta entre las ciudades con el agua más cara de España en casi todos los escenarios de consumo. Esto significa, ni más ni menos, que los ceutíes están entre quienes más pagan por este recurso básico, con diferencias de precio que pueden superar el 470% respecto a otras ciudades.
La empresa municipal ACEMSA, históricamente cuestionada por su falta de transparencia, es la encargada del suministro. Su funcionamiento depende en gran medida de la desaladora y, en menor medida, de los embalses del Infierno y el Renegado. En febrero de 2026, la propia empresa informó de que estos embalses estaban cerca del 90% de su capacidad gracias a las abundantes lluvias, lo que permitía reducir o incluso evitar la desalación, con un ahorro estimado cercano al millón de euros. Ante este contexto, resulta inevitable preguntarse: ¿cómo se justifican entonces estas facturas?
No es razonable que una familia de tres miembros, con un consumo normal, deba pagar alrededor de 300 euros cada dos meses. Ni que se tratara de una vivienda con piscina. Cuando los usuarios intentan reclamar, se encuentran con respuestas insuficientes: revisiones que, en muchos casos, ni siquiera se realizan o concluyen que todo está correcto. Mientras tanto, las facturas siguen llegando sin cambios, generando frustración e impotencia.
El verdadero problema surge cuando las familias, agotadas, terminan resignándose. Pagan por miedo a quedarse sin suministro y dejan de reclamar. Esta normalización del abuso es profundamente preocupante.
Por su parte, el Ejecutivo local parece más centrado en defender su gestión que en atender las demandas ciudadanas. Las críticas se interpretan como ataques, y se responden con bonificaciones que apenas tienen impacto real, ya que solo afectan a la cuota fija. A esto se suma una maraña de tasas y conceptos técnicos que dificultan la comprensión de las facturas y aumentan la sensación de indefensión del ciudadano.
Es momento de hablar con claridad. La función de cualquier gobierno es facilitar la vida de sus ciudadanos, no complicarla. Garantizar el acceso justo y asequible a un recurso esencial como el agua no debería ser objeto de debate, sino una prioridad incuestionable.
Porque el agua no puede, ni debe, ser un lujo.
