Principales compañías alertan sobre un bloqueo inmediato: la insuficiente inversión y las trabas administrativas frenan la conexión de nuevas viviendas, industrias y centros de datos.
El sistema eléctrico en España está experimentando un cuello de botella sin precedentes. Las grandes compañías eléctricas han intensificado sus reclamaciones ante el Gobierno y la CNMC, señalando que la red de transporte y distribución está operando al máximo de su capacidad. Advierten que, si no se flexibilizan los planes y se aceleran las obras, la red quedará prácticamente «cerrada» para los futuros proyectos fundamentales para la digitalización y el crecimiento económico del país.
Los tres puntos clave del problema
El sector identifica tres cuestiones cruciales que limitan el acceso a la energía:
1. Saturación y capacidad inexistente: La preocupación de que los nuevos mapas de acceso muestren capacidad cero en numerosos puntos ha llevado a la CNMC a proponer aplazar su publicación tres meses (hasta mayo de 2026).
2. Restricciones administrativas: Actualmente, varias subestaciones tienen «posiciones» (puntos físicos de conexión) bloqueadas jurídicamente para generación renovable que nunca se llevó a cabo, lo que impide que industrias o centros de datos reales utilicen esos mismos puntos.
3. Demoras en las infraestructuras públicas: Se critica a Red Eléctrica (REE) por invertir por debajo del nivel legal permitido y acumular retrasos de ejercicios anteriores. Un caso emblemático es la Costa del Sol, donde las subestaciones pendientes en Estepona afectan tanto al suministro de los hogares como al desarrollo económico local.
¿Dónde falla la planificación?
El sector sostiene que el sistema actual no responde con la agilidad necesaria a las demandas de la economía real. Mientras que un centro de datos o una fábrica pueden planificarse en pocos meses, la infraestructura eléctrica requerida tarda años en ser aprobada y construida.
«Los planes pueden ser atractivos, pero necesitan materializarse», expresan fuentes del sector, insistiendo en que esta lentitud ya provoca rechazos significativos de solicitudes para acceder a la red de distribución.
¿Es la Ley de Movilidad Sostenible una solución?
Para aliviar esta situación, el Gobierno ha introducido modificaciones en la Ley 9/2025, vigente desde finales del año pasado. Este nuevo marco normativo pretende:
• Implementar un mecanismo urgente: Autorizar el cambio de finalidad de las posiciones en subestaciones cada cuatro meses.
• Acortar plazos: Obligar a la Secretaría de Estado de Energía a resolver sobre nuevas posiciones en un máximo de dos meses, frente a los hasta dos años que solían prolongarse estas gestiones.
El riesgo para la digitalización
La asociación empresarial eléctrica advierte que España podría perder su posición como nodo tecnológico. Los centros de datos, que requieren un consumo eléctrico considerable, demandan seguridad en sus conexiones. Sin una red que garantice su acceso, estas inversiones millonarias podrían buscar otros destinos en Europa con infraestructuras más flexibles.
