Un equipo conjunto de investigadores de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada ha señalado la existencia de metales pesados en el estuario del Guadalquivir, una zona de gran relevancia tanto ambiental como económica.
Jesús Castillo, Catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, manifiesta que las autorizaciones para vertidos relacionados con la minería carecen de un respaldo científico adecuado, lo que implica que se autoricen sin comprender plenamente sus impactos en el ecosistema.
El estudio evidencia que metales como el cinc, cadmio y arsénico no se disuelven en el agua como sostienen algunas explotaciones mineras, sino que se acumulan en los sedimentos, incorporándose a la cadena alimentaria.
Entre los resultados más preocupantes destaca que aproximadamente el 30% de las muestras de albures, especie de pez, contienen niveles de plomo superiores a los límites establecidos por la Unión Europea.
Los investigadores también advierten que la Junta de Andalucía ha dado luz verde a dos nuevos vertidos controlados que, si se implementan, podrían incrementar la contaminación actual en el estuario hasta diez veces, lo que pondría en riesgo tanto la salud de los ecosistemas como de las comunidades cercanas.
Por su parte, la Consejería de Industria, Energía y Minas sostiene que todas las autorizaciones cuentan con informes que garantizan el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y que se aplica una vigilancia especial para proteger el entorno.
En busca de soluciones, el alcalde de Chipiona ha informado que se ha encargado un estudio independiente sobre metales pesados en las costas de su municipio, el cual ha detectado un preocupante aumento de arsénico en moluscos autóctonos.
El regidor no actúa solo; otros alcaldes de municipios próximos al Guadalquivir, junto con organizaciones ecologistas y la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, solicitan a la Junta una moratoria para nuevas licencias mineras y la formación de un grupo experto que evalúe el estado del estuario.
Remedios Cabrera, investigadora de la Facultad de Ciencias del Mar de Cádiz, destaca la importancia de conservar este ecosistema y señala que la contaminación podría propagarse hacia el Mediterráneo y el Mar de Alborán, agravando la situación.
Las minas involucradas, como Mina Las Cruces y Mina Los Frailes, han rechazado las acusaciones de contaminación, citando un estudio reciente de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla que concluye que sus actividades no han provocado efectos adversos significativos en el estuario.
Dicho informe indica que los niveles de metales en el agua permanecen por debajo de los valores de referencia ambiental, y las minas aseguran cumplir con todas las normativas vigentes para la protección ambiental.
Finalmente, la Junta reafirma que las autorizaciones para vertidos garantizan el respeto a los límites legales aplicables a cualquier actividad, ya sea agrícola, residencial o industrial, y que ningún proyecto minero puede desarrollarse sin contar con una autorización ambiental favorable.
