Este año, dos documentos dirigidos al Ministerio de Ciencia por altos directivos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) denunciaban presuntas irregularidades en contratos públicos por aproximadamente 25 millones de euros durante 18 años. Pese a ello, los responsables, el director de Operaciones y la directora de Cumplimiento Normativo, no recibieron contestación alguna y, más tarde, fueron cesados, lo que generó protestas entre el comité de empresa y varios investigadores principales.
El director de Operaciones y Compras informó el 3 de marzo y el 8 de agosto al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, acerca de contratos que supuestamente estaban adulterados, con montos inflados y sin contenido real. Según los denunciantes, estos contratos habrían supuesto un desvío de entre 20 y 25 millones de euros, con la participación directa de antiguos altos cargos del CNIO. Ninguna de las comunicaciones recibió una respuesta significativa; la segunda fue remitida a la Gerencia del centro sin que se tomaran medidas.
A pesar de haber pedido protección contra posibles represalias, ambos responsables fueron despedidos el 30 de agosto mediante notificación por burofax. Esta decisión fue rechazada por el comité de empresa y parte del cuerpo científico, que intentó sin éxito establecer diálogo con la nueva dirección del CNIO.
El Ministerio, que supervisa el CNIO y preside honoríficamente su Patronato, manifestó su condena a cualquier conducta ilícita y mostró disposición a colaborar con la Justicia y los organismos de control, aunque hasta la fecha no ha recibido notificación formal de la Fiscalía de Madrid, a la cual Anticorrupción remitió la denuncia.
Los denunciantes comenzaron sus pesquisas tras asumir sus cargos en julio de 2024, encontrando un patrón de contratos irregulares, pagos por servicios no realizados y sobrecostos que alcanzan hasta el 400%. Ante la ausencia de una respuesta interna, el director de Operaciones presentó una denuncia formal ante Anticorrupción el 27 de junio, acompañada de más de 500 documentos que respaldan sus hallazgos.
Después de los despidos, la dirección del CNIO designó el 1 de septiembre a José Manuel Bernabé como nuevo gerente, quien ha declarado desconocer los detalles previos relativos a las denuncias, pero reconoce que podrían implicar la nulidad de los despidos.
Este caso genera cuestionamientos importantes sobre el control ministerial y la efectividad de la protección a denunciantes de posibles actos de corrupción en instituciones científicas de alto nivel.
