Responsables del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto entramado empresarial que habría desviado recursos públicos destinados a la investigación oncológica. De acuerdo con la denuncia, una empresa constituida en la vivienda particular del actual gerente del CNIO, Juan Arroyo, habría recibido 1,3 millones de euros del organismo mediante un contrato de alquiler con tarifas considerablemente superiores a las del mercado.
La sociedad en cuestión es Navestalia, que según la documentación aportada, estaría gestionada por un colaborador cercano y amigo íntimo de la pareja de Arroyo. Los denunciantes aseguran que el CNIO abonaría a esta empresa un alquiler que triplica el precio habitual del mercado por el espacio arrendado.
Los altos cargos que elevaron la denuncia indican que estos hechos podrían afectar negativamente los recursos destinados a combatir el cáncer, al desviar parte del presupuesto público asignado a infraestructuras científicas y actividades de investigación hacia una entidad presuntamente vinculada al entorno personal del director.
Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción revisa la documentación para determinar si se cometió algún uso indebido de fondos públicos y si la relación entre el gerente, su círculo cercano y Navestalia influyó en la adjudicación y en el coste del alquiler.
El CNIO aún no ha publicado una declaración oficial sobre la denuncia, aunque fuentes internas consultadas subrayan la importancia de aclarar con total transparencia estas acusaciones, tanto para preservar la reputación del centro como para asegurar la correcta utilización de los fondos destinados a la investigación en oncología.
