El eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, negó este lunes ante el Tribunal Supremo haber acosado a dos colegas europarlamentarios que abandonaron su partido, Se Acabó La Fiesta (SALF). Explicó que los conflictos derivan de confrontaciones políticas y un cambio en los valores de sus excompañeros.
Alvise compareció ante el alto tribunal en el marco de la cuarta causa penal en su contra, iniciada por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco. Ambos dejaron SALF tras denunciar acoso, luego de haber sido elegidos junto a él en las elecciones europeas de 2024.
La semana anterior, los demandantes confirmaron la denuncia por revelación de secretos y acoso, afirmando que Pérez difundió mensajes que les generaron temor por su seguridad al revelar detalles sobre sus movimientos y ubicación.
Según el abogado de los querellantes, Guillermo Ruíz Blay, Alvise negó haber cometido acoso, aunque admitió haber enviado mensajes que contenían expresiones como “apisonar la cabeza” o “perseguirles”, términos que el letrado considera incompatibles con la versión ofrecida por el eurodiputado.
Durante su intervención, el líder de SALF respondió únicamente a las preguntas del juez y el Ministerio Público, reconociendo la autoría de los mensajes, pero enmarcándolos dentro de un contexto político y describiendo a sus antiguos compañeros como amigos. También negó la difusión de datos personales de los demandantes.
Los eurodiputados solicitaron que se acepte como prueba un audio de 2024, en el que aseguran escucharse expresiones de tono más amenazante y violento. Tras su declaración, Alvise evitó detalles sobre su comparecencia, citando el “carácter reservado” del procedimiento, y mostró a la prensa su próximo libro, Devuélveme mi país. Manifestó estar seguro de su inocencia.
Además, Alvise enfrenta otras tres causas pendientes en el Supremo. Estas incluyen presuntos delitos de falsedad e injurias relacionados con la difusión de una PCR falsa del exministro Salvador Illa, mensajes contra la fiscal Susana Gisbert, y una investigación por posible financiación ilegal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental, vinculada a 100.000 euros recibidos para su campaña electoral.
