La organización demanda al Gobierno español asegurar condiciones de vida dignas y traslados ágiles a la península cuando la atención requerida no pueda ser proporcionada
Amnistía Internacional (AI) ha instado al Ejecutivo español a implementar con prontitud acciones que garanticen condiciones adecuadas en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ubicados en Ceuta y Melilla, además de promover el traslado inmediato a la península de individuos en situación de vulnerabilidad especial. Según ha comunicado Europa Press, la organización subraya la importancia de intervenir cuando dichos centros no ofrecen la atención específica necesaria para ciertos colectivos.
Desde su Equipo de Migración y Refugio, AI indica que requieren atención prioritaria las personas con discapacidad, familias con menores en edad escolar, mujeres embarazadas, individuos con problemas de salud mental, víctimas de trata, de violencia de género, agresiones sexuales o tortura, así como personas pertenecientes al colectivo Lgbtiq+.
La organización recuerda que los CETI en Ceuta y Melilla acogen a inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de España. Aunque estos centros tienen carácter asistencial y las personas alojadas no están privadas de libertad, Amnistía Internacional señala que su gestión presenta importantes dificultades en materia de derechos humanos, agravadas por la falta de transparencia y la aplicación desigual de criterios administrativos.
Individuos en situación de alta vulnerabilidad
Según la ONG, en el CETI de Ceuta la mayoría de los residentes proviene del continente africano, muchos de ellos tras acceder a la ciudad nadando y en condiciones extremadamente vulnerables, sin recursos económicos, lo que en algunos casos les obliga a vivir en la calle antes de ingresar al centro. En Melilla, por otro lado, el perfil ha cambiado en años recientes, dado que la mayoría corresponde a personas originarias de Latinoamérica, muchas de las cuales llegan desde la península por vía aérea para formalizar su solicitud de asilo ante las dificultades para obtener cita en otras ciudades españolas.
Amnistía Internacional también ha recogido relatos de personas que denuncian haber sido objeto de devoluciones en caliente en el mar por parte de las autoridades españolas, incluso en varias ocasiones, práctica que la organización considera contraria a los derechos humanos.
En cuanto a la duración de la estancia en los CETI, AI señala que esta varía según cada caso y depende en gran medida de decisiones administrativas. Usualmente, las personas permanecen en estos centros hasta ser trasladadas a la península por el Ministerio del Interior o hasta que se ejecuta una orden de devolución o expulsión.
La ONG ha criticado la carencia de una normativa clara y pública que regule los momentos en que deben realizarse los traslados a la península, lo que genera incertidumbre y desigualdades. En la práctica, señala la organización, se han aplicado criterios dispares que privilegian traslados más rápidos para ciertas nacionalidades o perfiles, mientras que otras personas permanecen en los centros por periodos más prolongados.
Centros que superan su capacidad
Según los datos más recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la capacidad oficial de los CETI es de 686 plazas en Melilla y 512 en Ceuta. Sin embargo, Amnistía Internacional ha advertido que estos centros frecuentemente exceden su capacidad, especialmente en periodos de alta presión migratoria como el verano.
La organización también ha alertado sobre las dificultades adicionales que enfrentan personas de nacionalidad marroquí o argelina para solicitar asilo. Según testimonios recopilados en abril de 2025, estas personas no pueden realizar su solicitud desde el CETI de Ceuta, debiendo utilizar una aplicación móvil que requiere tener un teléfono español, conocer el idioma y el proceso, además de competir por citas que se agotan rápidamente.
Amnistía Internacional concluye que la vulneración de derechos humanos en las fronteras españolas ocurre de forma sistemática, en un contexto marcado por racismo estructural y falta de transparencia en los protocolos que regulan los procedimientos y la administración de los centros. En este sentido, la organización señala que la gestión de los CETI en la frontera sur de España se caracteriza por la arbitrariedad administrativa y reiteradas infracciones a los derechos humanos.
