Más de 150 juristas han firmado un manifiesto en el que critican la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, argumentando que se ignora la presunción de inocencia y que la resolución se basa en indicios insuficientes para cumplir con el estándar probatorio requerido en un proceso penal.
Entre quienes han suscrito el documento, titulado «Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia», se encuentran antiguos magistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés y Joaquín Giménez, además del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, junto con fiscales, abogados y catedráticos de Derecho. La presentación pública del manifiesto tendrá lugar este viernes en el Ateneo de Madrid.
El texto censura la decisión del alto tribunal de condenar a García Ortiz por presuntamente filtrar un correo electrónico vinculado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los juristas sostienen que la sentencia carece de pruebas directas y se basa exclusivamente en indicios, lo que consideran insuficiente para desmentir la presunción de inocencia.
Se enfatiza que en el derecho penal no son válidas las sospechas o conjeturas, sino que es fundamental demostrar la responsabilidad penal “más allá de toda duda razonable”, algo que, según los firmantes, no ocurrió en este caso.
El manifiesto cuenta también con el respaldo de figuras como el exvocal del Consejo General del Poder Judicial Álvaro Cuesta, la jueza emérita y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, y antiguos miembros del Supremo como Alberto Jorge.
Los firmantes destacan especialmente que la sentencia desestimó el testimonio de los periodistas, quienes negaron categóricamente que García Ortiz fuera la fuente. Consideran que los restantes indicios no superan el nivel de mera sospecha y pueden explicarse de forma legítima y razonable.
Además, advierten que establecer que tales indicios constituyen pruebas de culpabilidad implica invertir la carga de la prueba, obligando al acusado a demostrar su inocencia, lo cual contraviene los principios fundamentales del Estado de derecho.
El manifiesto también defiende que la nota de prensa emitida por la Fiscalía buscaba desmentir una acusación falsa, posiblemente delictiva, relacionada con su funcionamiento, evidenciando un interés público claro en informar. Penalizar esta acción podría dejar a la Fiscalía General del Estado sin herramientas para combatir desinformaciones y acusaciones infundadas.
Por estas razones, los firmantes sustentan que la condena no debería haberse dictado, dado que no se comprobó la filtración del correo y que dicha nota de prensa no constituye un delito de revelación de secretos. Finalmente, el documento solicita la anulación de la sentencia en las instancias superiores y recuerda que “nadie puede ser condenado penalmente sin pruebas claras y concluyentes”.
