Durante la pandemia, la Junta de Andalucía adjudicó múltiples contratos millonarios por emergencia, que con posterioridad el Gobierno autonómico declaró como irregulares. Entre estos se encuentra una obra valorada en 47 millones de euros, cuya financiación se esperaba cubrir con fondos europeos, pero que finalmente fue asumida por la administración regional.
Esta situación surgió después de que el verificador de gastos europeos rechazara la propuesta presentada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por no cumplir los criterios necesarios para obtener fondos comunitarios. Ante este rechazo, la Junta decidió financiar directamente el proyecto, a pesar de que la contratación se gestionó bajo un procedimiento excepcional que más adelante fue cuestionado.
Fuentes internas indican que este caso ha generado preocupación sobre la gestión de los contratos de emergencia en Andalucía, un mecanismo diseñado para acelerar procesos en situaciones críticas, pero que en esta ocasión ha suscitado dudas legales y ha implicado un gasto importante para el presupuesto autonómico.
Por su parte, la oposición ha solicitado aclaraciones respecto a la aprobación de estos contratos y la elección del procedimiento de emergencia para proyectos que, según denuncian, podrían haberse realizado mediante la contratación habitual. Mientras tanto, la Junta sostiene que actuó en un contexto urgente y está revisando los expedientes para determinar responsabilidades si fuera preciso.
