El sumario relacionado con la denominada trama de las mascarillas incluye un nuevo elemento en el que se señala al ministro de Política Territorial y ex presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, por su intervención directa para facilitar el pago a la empresa asociada al empresario Víctor de Aldama. La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), ha añadido al expediente comunicaciones entre Torres y el exasesor Koldo García, en las cuales el ministro expresa un seguimiento cercano sobre los cobros: “Estoy encima de tu pago”.
De acuerdo al informe presentado por la UCO al Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, estas gestiones respondían a la presión ejercida por intermediarios y a la necesidad de saldar facturas pendientes de contratos para la provisión de material sanitario durante la pandemia. En el documento se recopilan intercambios de mensajes —incluidos los sostenidos entre Koldo García y Torres— que, según la UCO, evidencian esfuerzos por acelerar pagos que en conjunto superan los 7,5 millones de euros.
Los mensajes también reflejan la molestia de Torres hacia funcionarios que retrasaron o pusieron reparos en el procedimiento; en uno de esos textos aparece la expresión atribuida al entonces presidente regional: “Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos”, en referencia a la urgencia por resolver los pagos. La UCO considera estos y otros mensajes como pruebas significativas dentro de la causa que ya ha procesado a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por supuestas irregularidades en la adjudicación y pago de estos contratos.
Fuentes judiciales indican que el informe está actualmente en posesión del juez instructor y que la Guardia Civil investiga una posible red de intermediarios que habría facilitado tanto las adjudicaciones como el cobro posterior a empresas vinculadas a Aldama. En diferentes medios se ha informado que algunos funcionarios manifestaron dudas sobre la legalidad y calidad del material entregado, provocando revisiones y ajustes en las facturas.
En respuesta, Torres ha solicitado la publicación completa del informe de la UCO y ha negado cualquier actividad delictiva en sus comunicaciones. Su entorno sostiene que los mensajes no prueban ninguna ilícito y aboga por la transparencia para aclarar la situación. El ministro, que actualmente forma parte del Gobierno central, insiste en que el documento debe hacerse público para que pueda ejercer su derecho a la defensa.
La identificación de estas conversaciones representa un nuevo desarrollo en una investigación que aborda presuntos delitos contra la administración pública y organización criminal relacionados con las compras efectuadas durante la crisis sanitaria. Ahora, el juzgado decidirá qué pasos adicionales son necesarios para determinar si las conductas señaladas en el informe de la UCO implican responsabilidades penales.
