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Anticorrupción solicita al juez revisar la libertad de Ábalos y Koldo García tras pedir prisión por la trama de mascarillas

La Fiscalía pide una vista para modificar las medidas cautelares y propone endurecer las condiciones después de solicitar penas de 24 años para el exministro y 19 años y medio para su asesor.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado instructor del Tribunal Supremo que reevalúe las restricciones vigentes para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ambos implicados en el denominado “caso Koldo”. Actualmente, ambos tienen prohibida la salida del territorio nacional, se les ha retirado el pasaporte y deben presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.

Esta solicitud llega tras la petición de la Fiscalía de severas condenas para ambos: 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García, debido a su supuesta participación en una red corrupta vinculada a la adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante la pandemia. Entre los cargos que se les imputan figuran organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Anticorrupción plantea la celebración de una vistilla judicial conforme al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, durante la cual podría pedir prisión provisional o imponer condiciones más estrictas que las actuales. El objetivo es que el juez revise las medidas cautelares atendiendo a la gravedad de los indicios y al aumento del riesgo procesal identificado.

El fiscal jefe de Anticorrupción ha destacado que las pruebas recopiladas son suficientemente contundentes y requieren un seguimiento más riguroso. Además de solicitar prisión, se recalca la necesidad de evitar cualquier intento de fuga o interferencia en el procedimiento mientras se avanza hacia un posible juicio.

Esta iniciativa de la Fiscalía aumenta la presión sobre Ábalos y García y podría ser un punto decisivo en la instrucción del caso. Por su parte, las defensas tendrán ahora la oportunidad de argumentar la continuidad o revisión a la baja de las medidas vigentes, aunque la petición del Ministerio Público tiende hacia un endurecimiento judicial.

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