PLUTARCO
En 2026 la Cámara de Comercio de Ceuta celebrará elecciones. O debería hacerlo. Porque lo que está en juego no es una simple renovación de cargos, sino la posibilidad real de acabar con un sistema viciado que lleva años funcionando de espaldas a los empresarios y al margen de la legalidad y la transparencia.
Como viene siendo habitual, desde la propia Cámara se intentará que nada cambie: desmovilización, silencio, falta de información y el mensaje implícito de que “no merece la pena presentarse”. El objetivo es claro: mantener el control en las mismas manos de siempre, concretamente en el entorno de los Bulaix, que han convertido una institución pública en un instrumento privado.
Uno de los aspectos más graves —y deliberadamente ignorados— es el uso interesado de la doble nacionalidad española y marroquí, una figura no reconocida oficialmente entre España y Marruecos. La legislación española es clara: España no reconoce la doble nacionalidad con Marruecos, y quien adquiere la nacionalidad marroquí no puede conservar la española sin renuncia expresa. Este hecho, por sí solo, debería obligar a revisar si determinadas personas cumplen realmente los requisitos legales y estatutarios para formar parte de los órganos de gobierno de la Cámara de Comercio de Ceuta.
Los mismos individuos que en España figuran como Bulaix García Valiño aparecen en Marruecos como Bulaix Baeza, utilizando una identidad u otra según convenga a intereses empresariales, fiscales o judiciales. Esta ambigüedad no es anecdótica: puede vulnerar directamente los estatutos de la Cámara, que exigen plena sujeción al ordenamiento jurídico español y una representación limpia del empresariado local.
Resulta aún más alarmante que, pese a estar inmersos en diversos asuntos judiciales, estas personas sigan manejando convenios, acuerdos y fondos que afectan a cientos de empresarios ceutíes. ¿Quién supervisa esto? ¿Quién lo consiente? ¿Por qué nadie dentro de la Cámara exige explicaciones?
Pero si hay un sector que debería implicarse de manera decidida en este proceso es el de los pequeños empresarios y los autónomos, que son quienes sostienen el tejido productivo real de Ceuta. Son ellos quienes crean empleo, quienes asumen riesgos, quienes mantienen viva la economía local día a día. Sin embargo, son también los grandes olvidados en una Cámara que ha sido secuestrada por intereses ajenos a la realidad del comercio, los servicios y la pequeña industria ceutí. Su participación no es solo necesaria: es imprescindible para devolver a la institución su razón de ser.
El verdadero problema no es solo quién controla la Cámara, sino el miedo de muchos empresarios a alzar la voz. Un miedo injustificado, pero alimentado durante años para evitar que se fiscalice una gestión opaca y profundamente endogámica. La Cámara de Comercio no es patrimonio de ninguna familia ni de ningún clan. Es una institución que pertenece al conjunto del tejido empresarial de Ceuta.
2026 debe marcar un antes y un después. Los empresarios —especialmente los pequeños y los autónomos— tienen la obligación moral y profesional de participar, de revisar los estatutos, de exigir el cumplimiento de la ley y de presentar alternativas. Callar ahora es convertirse en cómplice.
La Cámara de Comercio de Ceuta necesita luz, no más silencio. Y esa luz solo llegará cuando los empresarios decidan dejar de mirar hacia otro lado.
