El Gobierno ha iniciado el proceso para actualizar el Estatuto del Estudiantado Universitario, reemplazando la normativa vigente desde 2010. El proyecto de real decreto, abierto a consulta pública hasta el 15 de abril, pretende adecuar la universidad a las condiciones sociales actuales, facilitando que los estudiantes puedan combinar sus estudios con un empleo.
El documento surge tras un acuerdo previo con rectores (CRUE) y las principales organizaciones estudiantiles (CEUNE y CREUP), buscando modernizar un marco legal que llevaba quince años sin cambios pese a las transformaciones del sector.
Respuesta a la crisis del alojamiento
Un motivo central de esta reforma es la dificultad creciente para que los jóvenes accedan a una vivienda. El aumento de los alquileres —con incrementos de hasta un 14% en habitaciones para estudiantes— ha obligado a muchos a trabajar para poder costear su estancia.
- Vivienda y becas: La CREUP reclama medidas urgentes para crear residencias públicas y controlar los precios, señalando que la carencia de alojamiento accesible pone en riesgo la igualdad de oportunidades.
- Perfil del estudiante: El nuevo estatuto contemplará esta realidad laboral para que el ritmo académico no sea un impedimento para quienes necesitan generar ingresos propios.
Tensión en la oferta de plazas
El decreto también abordará el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda formativa. En el curso 2024-2025, el sistema público evidenció una alta competencia:
| Titulación | Ratio de solicitudes por plaza |
| Medicina | 10 solicitudes por plaza |
| Veterinaria | 7 solicitudes por plaza |
En total, más de 475.000 peticiones compitieron por alrededor de 245.000 plazas, un escenario que se agrava debido al crecimiento de las universidades privadas y la extensión de la enseñanza virtual.
Nuevos derechos y calidad académica
Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ha destacado que la meta es avanzar hacia un futuro de progreso garantizando que el esfuerzo familiar se traduzca en títulos de alta calidad.
- Inclusión y discapacidad: Se reforzará la inclusión en los campus, protegiendo los derechos de los estudiantes con discapacidad.
- Participación activa: Se establecerá una regulación más rigurosa para el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, con el fin de incrementar la participación estudiantil en la gestión universitaria.
- Prácticas y movilidad: La normativa mejorará las garantías de calidad en las prácticas externas y facilitará los programas de movilidad tanto nacionales como internacionales.
Por último, el decreto actualizará los sistemas de evaluación y seguimiento del aprendizaje para adaptarlos a los nuevos métodos pedagógicos desarrollados en la última década.
