La presidenta regional anuncia el recurso en la Asamblea de Madrid para evitar lo que denomina «turismo sanitario» y un posible colapso de los servicios públicos
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, comunicó este jueves que su Ejecutivo presentará un recurso contra el real decreto aprobado en 2026 por el Gobierno central, que recupera el acceso a la atención sanitaria para los inmigrantes en situación irregular. Durante su intervención en la Asamblea de Madrid, Ayuso argumentó que esta medida es vital para preservar la viabilidad del sistema público de salud madrileño.
Ayuso manifestó su oposición al «turismo sanitario» y criticó la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez, a la que atribuye un riesgo de deterioro del sistema sanitario regional. El decreto, aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, establece la universalidad en el acceso a la salud para todas las personas extranjeras en España, sin considerar su situación administrativa o residencia legal.
Un procedimiento común para garantizar la cobertura sanitaria
La normativa del Ejecutivo central implementa un procedimiento homogéneo a nivel nacional para asegurar la protección sanitaria financiada con recursos públicos. El decreto exige que quienes soliciten atención declaren que no cuentan con otra cobertura, que no pueden transferir su derecho desde su país de origen y que no existe un tercero responsable de sufragar la asistencia. Asimismo, el texto prevé facilidades para personas con discapacidad, incluyendo formatos accesibles para la firma de documentos.
En respuesta a preguntas formuladas por Vox, Ayuso distinguió entre la atención sanitaria de emergencia y la política migratoria. Afirma que no permitirá que nadie fallezca en las instalaciones hospitalarias, lo que considera una actitud inhumana, aunque criticó el desorden y la falta de control que, según ella, caracterizan las políticas de Pedro Sánchez en materia de regularización migratoria.
Debate con Vox y competencias del Estado
La sesión en la Asamblea de Madrid estuvo marcada por un contraste entre la presidenta y la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien estimó que desde 2019 se han atendido a más de 700.000 inmigrantes irregulares en la región, cuestionando el impacto económico que conlleva. Ayuso negó estas cifras y acusó a Pérez Moñino de utilizar argumentos demagógicos, recordando que la Comunidad de Madrid no tiene competencias en relación con fronteras, extranjería o políticas migratorias.
La presidenta subrayó que estas decisiones corresponden al Gobierno central y animó a Vox a sumarse a la denuncia contra la gestión estatal, en vez de atribuir responsabilidades a la administración autonómica. Por su parte, Isabel Pérez Moñino insistió en que Madrid no puede convertirse en el destino sanitario mundial y advirtió del posible colapso de los servicios públicos debido a una política de fronteras abiertas.
