En los últimos días, varios centros educativos de la Comunidad de Madrid han recibido indicaciones verbales por parte de la inspección de Educación para eliminar banderas palestinas y cualquier muestra de respaldo hacia Gaza. Esta decisión, asociada al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se basa en el principio de preservar la neutralidad política en las aulas, aunque contrasta con las acciones promovidas en 2022 para apoyar a Ucrania tras la invasión rusa.
El grupo Marea Palestina: la educación contra el genocidio, compuesto por profesores, ha afirmado que iniciará procedimientos legales al considerar que la prohibición vulnera la libertad de enseñanza y la autonomía de los centros escolares. “Es una evidente doble vara de medir”, indica el profesor jubilado Carlos Díez Hernando, quien afirma que estas directrices se comunican verbalmente tanto a colegios públicos como concertados.
La discrepancia en el trato frente a Ucrania es notable: en 2022, la administración regional organizó colectas de alimentos en 1.580 colegios y fomentó actividades escolares de apoyo al pueblo ucraniano. El vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Ossorio, visitó varios centros para impulsar estas campañas. Incluso se autorizó a alumnos de primaria a crear murales con mensajes de solidaridad.
Consultada por este medio, la Consejería de Educación niega haber dictado una instrucción general. Un portavoz explicó que solo se recuerda a los directores de los centros “la obligación de mantener la neutralidad política” en caso de que alguna actividad se relacione con asuntos internacionales actuales.
La controversia ha llegado también al terreno político. Óscar López, ministro y líder del PSOE en Madrid, calificó la decisión como “inadmisible” y la interpretó como “un gesto que avala la situación que enfrenta Gaza”.
Este asunto no es exclusivo de Madrid. La semana pasada, un instituto en Cádiz fue obligado por la Junta de Andalucía a retirar de su fachada tanto una bandera palestina como otra ucraniana, conforme a una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe exhibir banderas no oficiales en edificios públicos.