Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha provocado un amplio debate tras calificar como «asesinato racista» la muerte de un hombre durante su detención por agentes policiales en Torremolinos (Málaga). La diputada pidió la erradicación de la «violencia policial racista», lo que generó una rápida respuesta de los sindicatos policiales, que la señalaron de «aprovecharse de la situación» y «actuar con mala fe».
Los hechos sucedieron el pasado domingo en un locutorio ubicado en la calle Hoyos. Un hombre de 35 años, de nacionalidad marroquí, murió debido a un infarto mientras era sometido por la Policía tras un intento de robo violento. Según testigos, fueron ellos quienes inicialmente redujeron al presunto autor antes de la llegada de las fuerzas del orden.
El informe policial indica que el individuo estaba en un estado de agitación elevado, amenazó con unas tijeras a los agentes y exclamó «Alá es grande». Para controlarlo, la policía aplicó tres descargas breves con pistolas táser. Las maniobras de reanimación llevadas a cabo por los agentes y los servicios sanitarios no lograron salvarle. La autopsia preliminar confirmó que el fallecimiento se debió a un infarto, y un análisis toxicológico detectó consumo de sustancias.
Tras los acontecimientos, Belarra publicó en sus redes sociales que «decir que una persona muere de un infarto durante una detención policial es comparable a afirmar que las mujeres fallecen por lesiones en el marco de violencia de pareja; no se trata de muertes accidentales, sino de asesinatos, y es un tipo de violencia policial motivada por el racismo que debe cesar inmediatamente».
Los sindicatos reaccionaron de inmediato. La Unión Federal de Policía (UFP) criticó las declaraciones de Belarra, acusándola de «explotar el sufrimiento ajeno» y de obtener «beneficios políticos» a partir del caso. Igualmente, anunciaron que sus asesores legales estudian tomar medidas judiciales contra la dirigente de Podemos. Por otro lado, Jupol expresó su respaldo a los agentes y recordó que «vivimos en un Estado de Derecho donde los policías gozan de presunción de inocencia».
Este suceso ha reavivado el debate respecto a la actuación policial y el discurso político en torno a la violencia institucional, dividiendo opiniones entre partidos, sindicatos y la sociedad en general.
