Los jefes de estado y gobierno de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas para tratar las crecientes demandas económicas de Ucrania. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el país podría necesitar entre 114.000 y 160.000 millones de euros en un plazo de tres años para mantener su defensa frente a la ofensiva rusa.
Uno de los puntos clave en la agenda será la utilización de los activos rusos congelados, que suman actualmente alrededor de 185.000 millones de euros. Estos recursos podrían destinarse a financiar a Ucrania sin involucrar a los contribuyentes europeos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha planteado la creación de un préstamo para reconstrucción gestionado mediante el Banco Central Europeo, que Ucrania devolvería cuando Rusia asuma los costos de la reparación.
No obstante, esta propuesta genera inquietudes. El primer ministro belga, Bart de Wever, ha manifestado su preocupación sobre posibles represalias por parte de Moscú y sobre riesgos legales vinculados a la “confiscación” de estos fondos, ya que Euroclear, entidad que administra gran parte de estos activos, tiene su sede en Bélgica. Por otra parte, el BCE no se ha mostrado plenamente convencido acerca de la factibilidad de este esquema.
Los diplomáticos comunitarios señalan que aún hay varios aspectos por resolver: asegurar garantías por parte de los Estados miembros, evaluar riesgos de responsabilidad internacional y determinar en qué tipos de materiales se invertirá el dinero. La prioridad sería armamento europeo, aunque sin restringirse exclusivamente a la producción local, dado que ciertas tecnologías esenciales no pueden fabricarse rápidamente en el continente.
Bruselas aspira a que los fondos comiencen a llegar a Ucrania en el segundo trimestre de 2026, aunque la complejidad del plan y la necesidad de un consenso político entre todos los Estados miembros podrían dificultar su puesta en marcha.