La flota pesquera del Mediterráneo podrá ejercer su actividad hasta en 143 días durante 2026, cifra que se mantiene muy próxima a la permitida en el presente año, siempre que se continúen implementando medidas que aseguren la sostenibilidad de los caladeros. Esta decisión fue adoptada por los ministros de Pesca de la Unión Europea tras una extensa negociación que se extendió hasta la madrugada del sábado en Bruselas.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, describió este acuerdo como «la parte más compleja» de las discusiones, resaltando la intensidad de un debate marcado por la propuesta inicial de la Comisión Europea, la cual era considerablemente más restrictiva para la flota mediterránea.
Planas detalló que la propuesta original establecía un mínimo de tan solo 9,7 días de actividad, lo que representaba una reducción cercana al 65% respecto a la situación actual y prácticamente hacía inviable la pesca. Sin embargo, la continuidad del sistema de compensaciones vinculado a prácticas sostenibles permitió incrementar ese número a 143 días, el tope vigente este año.
En diciembre de 2024, la UE determinó un mínimo de 23 días para la actividad de esta flota, aunque esta cifra podía aumentarse hasta 130 mediante la adopción de medidas responsables. Más tarde, en noviembre, se sumaron 13 días adicionales, llegando así al total confirmado para 2026.
El ministro subrayó que esos días extras se conseguirán «gracias a las medidas que ya están vigentes desde el año pasado», sin necesidad de exigir nuevas normativas. Entre estas destacan el empleo de redes con malla más grande que permiten la escapatoria de peces juveniles, la utilización de puertas voladoras que minimizan el impacto sobre el fondo marino y la presencia de científicos a bordo para monitorizar las capturas.
Desde el Consejo de la UE, se explicó que el acuerdo busca «reducir el impacto socioeconómico a corto plazo y premiar las prácticas más selectivas», manteniendo con ligeros ajustes el mecanismo de compensación implantado en 2022 como incentivo para favorecer una pesca sostenible.
Respecto a la región Atlántica, donde las negociaciones giran en torno a los volúmenes de captura y no a los días de actividad, se acordaron incrementos en las cuotas de ciertas especies como el gallo y la cigala, mientras que se prevén reducciones en las cuotas para lenguado, jurel, abadejo y rape.
En relación con la caballa, especie cuyos límites también dependen de países no miembros de la UE como Noruega, Islandia y las Islas Feroe, las negociaciones siguen en curso. De forma provisional, los ministros han decidido limitar las capturas al 70% durante los primeros seis meses del año.