Con la fecha de adopción del euro cada vez más cercana, Bulgaria enfrenta una crisis política que ya ha provocado sus octavas elecciones legislativas anticipadas desde abril de 2021. Esta situación se intensificó tras la dimisión del Gobierno, ocurrido apenas un día después de masivas protestas ciudadanas que exigían su cese.
El primer ministro conservador, Rosen Zhelyazkov, anunció su renuncia declarando que «hemos escuchado la voz de la sociedad». Esta decisión se produjo justo antes de que el Parlamento votara una moción de censura presentada por la oposición contra el gabinete integrado por GERB, Partido Socialista Búlgaro (BSP) y ITN, todos ellos afectados por un notable desgaste en la confianza pública.
El Gobierno tripartito, que entró en funciones el 15 de enero tras extensas negociaciones posteriores a las elecciones de octubre de 2024 —las séptimas anticipadas en tres años y medio—, se ha visto limitado por bloqueos y vetos entre los distintos partidos, lo que ha dificultado la formación de un ejecutivo estable.
La renuncia reciente ha incrementado la incertidumbre en un país donde predomina la desconfianza hacia una clase política señalada por corrupción. En este contexto, el partido más votado, GERB, liderado por el ex primer ministro Boiko Borisov, ha negado cualquier intención de alcanzar un nuevo pacto de gobierno dado el actual reparto parlamentario.
Las elecciones anticipadas parecen inevitables, considerando que la mayoría de los partidos en el poder dependen del apoyo de la minoría DPS-Nuevo Comienzo, bajo la dirección del oligarca sancionado internacionalmente Delyan Peevski. La coalición gobernante no ha conseguido reunir el respaldo necesario para aprobar medidas clave.
Borisov, en un mensaje a sus simpatizantes, ha subrayado la urgencia de celebrar los comicios cuanto antes, preferentemente en marzo de 2026. Se espera que el Ejecutivo formalice su renuncia ante el Parlamento, y permanezca en funciones hasta la formación de un nuevo Gobierno.
En medio de esta coyuntura, la puesta en marcha del euro prevista para el 1 de enero genera inquietudes sobre posibles incrementos en los precios, una preocupación central para la población. Borisov ha asegurado que, a pesar de la dimisión, el Gobierno hará lo posible por impedir tales aumentos, y agregó que «este Gobierno dimitido ya no opera».
Las protestas sociales han alcanzado su punto más alto, con manifestaciones multitudinarias encabezadas por jóvenes que reclaman la salida de figuras como Borisov y Peevski. La lucha contra la corrupción es el eje de estas movilizaciones, que buscan un cambio profundo que evite la emigración masiva del país.
