Este jueves se ha formalizado un convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributària de Catalunya (ATC) para gestionar conjuntamente el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), conocido comúnmente como impuesto de matriculación. Este acuerdo representa el primer convenio de cogestión fiscal entre el Estado y la Generalitat, resultado de los acuerdos adoptados en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales celebrada en febrero.
La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, explicó que la ATC podrá acceder a las aplicaciones y sistemas informáticos de la AEAT, así como a la información relacionada con el territorio catalán, garantizando siempre la protección de datos. La implementación se realizará de forma gradual, y la agencia catalana aportará los recursos materiales, tecnológicos y humanos necesarios para operar con los sistemas estatales.
Para supervisar esta implantación, se constituirá una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento con miembros de ambas administraciones. Aunque el impuesto seguirá siendo de titularidad estatal, tanto el Govern como el Ministerio de Hacienda consideran esta iniciativa como un proyecto piloto para ajustar procedimientos antes de avanzar hacia la gestión de otros impuestos compartidos, especialmente el IRPF a partir de 2028, conforme al pacto de investidura firmado entre el president Salvador Illa y ERC.
En 2024, el impuesto de matriculación generó en Cataluña 136 millones de euros, derivados de 169.583 matriculaciones. Aunque es un tributo de magnitud limitada, desde la Generalitat destacan su importancia simbólica, ya que será la primera vez que la ATC acceda a la plataforma de la AEAT, lo cual es fundamental para fortalecer la confianza de cara a la eventual gestión del IRPF.
Romero señaló que a partir del próximo año un pequeño grupo de empleados de la ATC comenzará a utilizar los sistemas estatales tras recibir la formación adecuada. Para reforzar la agencia, se han creado 200 nuevas plazas. La meta a largo plazo es que la ATC pueda asumir algunas funciones del IRPF y avanzar hacia lo que la consellera denominó una verdadera “hacienda catalana”, siempre que se aprueben las reformas legales necesarias.
Por su parte, la vicepresidenta María Jesús Montero ha prometido presentar entre enero y febrero las bases del nuevo modelo de financiación. Este modelo permitirá que las comunidades autónomas reciban directamente la recaudación de los principales impuestos compartidos con el Estado, como el IVA, el IRPF y los impuestos especiales.