El sindicato ha manifestado su preocupación por la sobrecarga de trabajo, el ambiente laboral tenso y las represalias contra su presidenta en la residencia, solicitando la intervención urgente de las autoridades responsables.
Ceuta, 25 de junio de 2025 – La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Ceuta ha pedido encuentros inmediatos con el Director Territorial del IMSERSO y la Consejera de Servicios Sociales para tratar lo que califican como una circunstancia “insostenible” en la Residencia de Mayores Gerón.
De acuerdo con las denuncias del sindicato, la escasez de personal afecta negativamente la calidad de la atención a los residentes y genera un exceso de cargas laborales para los empleados. A esta situación se suma un “clima laboral adverso”, que, según CCOO, se ha agravado debido a recientes sanciones aplicadas a trabajadores, incluida Carmen Recio, presidenta del Comité de Empresa de CCOO.
“Los empleados redoblan esfuerzos para compensar las deficiencias, mientras la respuesta de la empresa se traduce en medidas punitivas que reflejan su falta de organización”, expresan desde el sindicato. CCOO advierte que no permitirá que estas acciones obstaculicen su labor de representación y defensa de los derechos laborales.
Asimismo, el sindicato recuerda que las entidades que gestionan servicios financiados públicamente, como esta residencia, tienen la obligación de garantizar condiciones laborales adecuadas y prestar una atención de calidad. “Persistiremos en denunciar cualquier irregularidad. No es aceptable que la dirección responda reprimiendo a quienes expresan sus preocupaciones en lugar de buscar soluciones”, señalaron.
Desde CCOO se insta a las autoridades públicas a actuar con prontitud y eficacia para evitar que la precariedad laboral y asistencial empeore. La organización advierte que, aunque las autoridades no tengan responsabilidad directa, su inacción puede afectar negativamente su reputación ante la sociedad.
El sindicato ratifica su compromiso con la defensa de los trabajadores del centro y exige transparencia, responsabilidad y compromiso tanto de la empresa gestora como de las instituciones que delegan en ella servicios sensibles como el cuidado a personas mayores.
