El acuerdo salarial alcanzado la semana pasada entre el Gobierno y dos de los sindicatos con representación mayoritaria en la Mesa de Negociación de la Función Pública ha profundizado la división sindical. El pacto fija una subida retributiva del 11% hasta 2028, distribuida de manera asimétrica en los próximos cuatro ejercicios, y cierra la negociación colectiva durante ese periodo. Sin embargo, CCOO ha decidido desmarcarse del documento al considerarlo “insuficiente” y alejado de la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos desde 2010.
Un pacto centrado en salarios y con escasos compromisos adicionales
Aunque el documento firmado incluye doce puntos, CCOO denuncia que solo el apartado relativo a las retribuciones contiene compromisos verificables. El resto —sostiene— se limita a enunciados genéricos como “se impulsará”, “se avanzará” o “se estudiará”, sin fechas, cifras ni indicadores que permitan evaluar su cumplimiento. Para el sindicato, esta falta de concreción convierte el acuerdo en una “declaración de intenciones sin contenido real”.
La subida prevista contempla un incremento del 2,5% en 2025; un 1,5% más un 0,5% variable ligado a la situación económica en 2026; un 4,5% en 2027; y un 2% en 2028. CCOO recuerda que su propuesta apostaba por recuperar parte del poder adquisitivo que —según sus cálculos— ha caído en torno al 20% desde 2010. Además, subraya que el IPC ya alcanza el 3,1%, por encima del aumento previsto para el próximo año.
Un contexto económico favorable que no se ha aprovechado
El sindicato critica que el acuerdo llega en un momento de bonanza recaudatoria: los ingresos estatales durante los nueve primeros meses del año ya han igualado los previstos inicialmente para todo el ejercicio. A juicio de CCOO, este escenario ofrecía una oportunidad para avanzar de forma más decidida en la mejora de las condiciones laborales del sector público tras “quince años de paciencia” marcados por recortes y ajustes.
Desmovilización social y debate interno
CCOO reconoce que su rechazo se produce en un clima de “apatía e indiferencia generalizada”, que afecta tanto a la ciudadanía como al movimiento sindical. Un contexto que, según la organización, ha derivado en una aceptación resignada del “mal menor”, asumiendo como positivo cualquier incremento salarial por modesto que sea.
La decisión, destacan, ha sido fruto de un debate interno intenso, hasta el punto de admitir que podría revisarse si así lo decidieran sus órganos consultivos. No obstante, la dirección del sindicato defiende que aceptar un incremento del 2,5% para 2025 —por debajo de la inflación— supondría “una derrota asumida sin resistencia” e incompatible con la recuperación del “espíritu de lucha” que consideran necesario.
Un modelo sindical en cuestión
CCOO reivindica que los avances sociales logrados por la clase trabajadora han sido fruto de la organización y la movilización, y advierte de que renunciar a esa vía conduce “a la resignación y al declive”. En este sentido, interpreta la firma del acuerdo por parte de los otros dos sindicatos como una decisión prematura, tomada sin que existieran razones económicas para mantener la contención salarial.
La responsabilidad de explicar un pacto que deja dudas
Para CCOO, serán ahora las organizaciones firmantes las que deberán justificar por qué han aceptado un acuerdo que, pese a incrementar los salarios un 11% en términos nominales, podría implicar —según el sindicato— “una pérdida añadida de poder adquisitivo” si se compara con la evolución prevista de los precios. La organización sostiene que el pacto resulta “barato” para el Gobierno y vuelve a situar en el debate la lógica del “mal menor”. “Es cierto que el mal menor es menor —señalan—, pero no deja de ser un mal”.
