El ex número tres del PSOE afirma que su encarcelamiento pretende forzar una confesión y advierte sobre una estrategia procesal “ilícita” semejante al caso Aldama
Los abogados de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, han interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que argumentan que la prisión preventiva de su cliente busca obtener una confesión y carece de fundamentos legales sólidos. El escrito, firmado por Benet Salellas y Jacobo Teijelo, solicita su excarcelación inmediata, destacando que no existe un riesgo real ni de destrucción de pruebas ni de obstrucción a la justicia.
El recurso indica que los magistrados del Tribunal Supremo que acordaron la prisión han actuado con una “finalidad no constitucionalmente permitida”, utilizando esta medida como presión para lograr pruebas incriminatorias o una admisión directa de culpabilidad. Para respaldar esta postura, se menciona el precedente del empresario Víctor de Aldama, quien fue liberado tras colaborar con la investigación en la Audiencia Nacional.
Los representantes legales de Cerdán describen a su cliente como un investigado “ejemplar”, que renunció a su escaño y ha colaborado con la justicia, hecho que según el recurso descarta cualquier posibilidad de interferir en el proceso. Además, recuerdan que las pruebas en su contra proceden de grabaciones incautadas al exasesor Koldo García, cuya veracidad todavía no ha sido confirmada.
El texto compara la situación de Cerdán con la de otros investigados que permanecen en libertad, entre ellos el exministro José Luis Ábalos y diversos empresarios. La defensa destaca un trato desigual y sin justificación, enfatizando que Cerdán ha dejado todos sus cargos y no posee capacidad para influir en el procedimiento.
También se critica que la Unidad Central Operativa (UCO) haya solicitado información sobre las visitas que recibe el exdirigente en la prisión de Soto del Real, considerándolo una vulneración al derecho de defensa.
Aunque el Tribunal Constitucional suele exigir agotar la vía judicial ordinaria antes de admitir recursos, la defensa argumenta que no hay otra instancia para recurrir contra la prisión provisional, que ya lleva meses vigente. Por ello, solicitan una medida cautelar que ordene la libertad antes de superar el límite legal de seis meses de prisión sin juicio.
Se subraya la importancia constitucional, política y social del caso, recordando que Cerdán fue la tercera figura del PSOE y un interlocutor relevante con partidos como Junts per Catalunya, lo que implica un impacto directo en uno de los pilares del Gobierno de coalición.
El Tribunal Constitucional deberá decidir si acepta el recurso y si aplica la medida cautelar solicitada, ante la alegación de la defensa de que la prisión infringe derechos fundamentales básicos en un Estado de Derecho.
