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China intensifica su lucha contra la corrupción con la ejecución de un alto directivo bancario

Bai Tianhui, antiguo gerente general de China Huarong International Holdings, fue ejecutado este martes tras ser declarado culpable de recibir sobornos por un total de 1.100 millones de yuanes (aproximadamente 133 millones de euros). Este caso se enmarca dentro de la firme campaña anticorrupción que Pekín continúa aplicando en el sector financiero y en la administración pública.

Bai, quien estaba al frente de Huarong, una filial del grupo estatal China Huarong Asset Management, fue sentenciado a muerte en mayo de 2024 por un tribunal en China, que determinó que abusó de su posición para conceder favores financieros a cambio de millonarias comisiones. Su ejecución cierra un proceso que muestra cómo la compañía, originalmente dedicada a gestionar créditos incobrables de pequeñas entidades bancarias, se convirtió en un complejo conglomerado financiero con operaciones poco transparentes.

Este caso recuerda al de Lai Xiaomin, ex presidente de Huarong, que fue ejecutado en 2021 por delitos de malversación de fondos públicos y sobornos por 1.790 millones de yuanes (217 millones de euros), en uno de los mayores escándalos empresariales recientes en China.

En los últimos años, otros altos responsables del sector financiero han recibido también la pena capital. En 2024, el expresidente del Bank of China y el ex vicepresidente del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) fueron condenados por corrupción millonaria. La campaña anticorrupción china ha alcanzado a más de cinco millones de personas, entre ellas cerca de un millón y medio de funcionarios, con el fin de fortalecer el control del Partido Comunista sobre el poder político y económico.

China mantiene la pena de muerte para delitos graves como la corrupción y el tráfico de drogas, con una tasa de ejecuciones que supera la suma del resto del mundo, según Amnistía Internacional. En todos los casos, las sentencias de ejecución requieren revisión por parte del Tribunal Supremo y la fijación oficial de la fecha para su cumplimiento, que puede llevarse a cabo mediante inyección letal o fusilamiento.

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