El Partido Popular (PP) ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de presuntamente «investigar» a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, describiendo esta acción como un intento de «intimidación» hacia las fuerzas de seguridad del Estado. Esta denuncia surge después de que se diera a conocer la reunión entre una supuesta «fontanera» relacionada con el PSOE, sin un cargo público oficial, y un empresario que enfrenta una petición fiscal de 89 años de prisión.
Los representantes del PP reclamaron al Ejecutivo que ofreciera explicaciones, calificando la situación de «muy grave» al considerar que podría tratarse de una injerencia política en investigaciones policiales de alta relevancia. Según este partido, esta reunión pone en duda la separación de poderes y genera sospechas acerca de eventuales intentos para influir en procedimientos judiciales en curso.
Por su parte, el PSOE rechazó plenamente estas afirmaciones. Fuentes socialistas afirmaron que «en ningún momento se ha dado orden ni indicación alguna para investigar a la UCO». Asimismo, tacharon la acusación del PP de ser una «maniobra de distracción» frente a los avances en causas judiciales que afectan a figuras vinculadas con el ámbito conservador.
Este intercambio de acusaciones ha aumentado la tensión política en un escenario ya marcado por una fuerte polarización. Mientras tanto, la Fiscalía optó por no comentar sobre la supuesta reunión ni sus posibles consecuencias.
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