El procedimiento judicial relacionado con Leire Díez ha avanzado con la convocatoria como testigos de dos destacados miembros del PSOE. El juez encargado de la causa ha requerido la comparecencia del ex secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, y del actual secretario de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, el próximo 2 de febrero de 2026.
Esta resolución se basa en las recientes manifestaciones de Leire Díez, quien reconoció haber sostenido encuentros con Cerdán en abril de 2024. Según sus palabras, dichas reuniones se realizaron en su rol profesional como periodista, y negó cualquier vínculo directo con el Partido Socialista.
El magistrado Arturo Zamarriego, a cargo del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, tomó esta determinación tras valorar el material presentado en la investigación. En una resolución a la que tuvo acceso RTVE, se indica que Zamarriego también ha citado a varios empresarios relacionados con otras pesquisas sobre corrupción.
Entre los convocados está Alejandro Hamlyn, sujeto a investigación por un presunto fraude millonario en el sector de hidrocarburos y localizado en paradero desconocido en Dubái. Además, Luis del Rivero ha sido llamado a declarar ante el tribunal.
Todos los llamados a declarar han sido advertidos de que, en caso de no comparecer sin presentar una justificación legal válida, podrían enfrentarse a sanciones económicas que van desde 200 hasta 5.000 euros, dejando claro el tribunal la importancia del asunto.
En su testimonio, Leire Díez afirmó que durante sus encuentros con Cerdán, en los que también participó Hernando, no se trataron asuntos relativos a la política interna del PSOE, aun cuando el contexto de las reuniones está estrechamente ligado a posiciones políticas.
La relevancia de Leire Díez en este proceso ha aumentado, dada su condición de exmilitante del PSOE. Sus declaraciones sobre su relación con los integrantes del partido podrían tener consecuencias significativas, afectando tanto su situación personal como la de otros implicados en ámbitos políticos y empresariales.
La indagación acerca de Leire Díez se ha complicado progresivamente. Se están examinando supuestas maniobras para obtener datos contra fiscales y miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), colocando el foco mediático sobre la evolución de este procedimiento judicial.
