Después de la inusual condena dictada por el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos confidenciales, el ex fiscal general del Estado tiene preparada una defensa escalonada. Su plan incluye inicialmente un incidente de nulidad ante el propio Tribunal Supremo, seguido de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y eventualmente podría alcanzar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La sentencia emitida por el Tribunal Supremo, que consta de 233 páginas, detalla la condena contra García Ortiz por divulgar correos electrónicos entre el abogado de Alberto González Amador (pareja de Ayuso) y el Ministerio Público, dando paso a un extenso proceso de recursos por parte del ex fiscal general.
El entorno de García Ortiz ha decidido mantener silencio total tras hacerse pública la condena, que incluye dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado, una multa de 7.200 euros y una compensación de 10.000 euros a González Amador por daños morales.
El proceso de recursos en España
La defensa de García Ortiz ya ha establecido sus próximos movimientos:
- Incidente de nulidad ante el Supremo: El primer paso será solicitar un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo para intentar anular la sentencia, aunque es probable que este recurso sea desestimado, algo habitual en estos casos.
- Recurso de amparo ante el Constitucional: Si no prospera el incidente de nulidad, García Ortiz podrá presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando la vulneración de derechos fundamentales.
Este recurso de amparo deberá presentarse dentro de un plazo de 30 días hábiles desde la publicación de la sentencia, que se hizo pública este martes. Aunque no es común que el Tribunal Constitucional revoque sentencias del Supremo, existen precedentes, como la anulación parcial en el caso ERE.
La vía europea como recurso final
En caso de que los recursos presentados en España no tengan éxito, García Ortiz podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo.
El objetivo en esta instancia sería que el tribunal europeo evalúe si las autoridades judiciales españolas respetaron adecuadamente sus derechos y garantías durante el procedimiento. Por el momento, ni el ex fiscal ni su entorno han confirmado que vayan a seguir esta vía.
El delito demostrado
El Tribunal Supremo concluyó que García Ortiz o alguien cercano a él fue responsable de filtrar los correos electrónicos y determinó que cometió un delito de revelación de datos reservados. Esta condena se considera destacada debido al cargo que desempeñaba el magistrado.
