La Audiencia Nacional ha dictado sentencia contra Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela, condenándolo a diez meses de cárcel por fraude fiscal. Su hijo, Alejo Morodo, también ha sido condenado a dos años de prisión. Ambos admitieron haber ocultado ganancias derivadas de negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.
El fallo judicial se centra exclusivamente en el delito fiscal cometido, declarando probado que Alejo Morodo obtuvo cerca de 4,5 millones de euros mediante contratos falsos de asesoría legal con PDVSA. Estos contratos fueron firmados cuando Raúl Morodo ya no ocupaba el cargo de embajador.
La resolución judicial impone las condenas acordadas con la Fiscalía, que redujo su petición inicial de tres años y medio de cárcel para Raúl Morodo y ocho años y medio para su hijo. Esta reducción se debe a las atenuantes de confesión y reparación del daño, tras el pago de 1.410.000 euros a Hacienda antes del juicio.
Una Década Después del Delito
El origen de los fondos ocultos por Alejo Morodo se remonta a la relación contractual con PDVSA, aprovechando los contactos que su padre estableció con altos cargos venezolanos durante su mandato como embajador bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El dinero fue blanqueado a través de una compleja red de sociedades creadas y gestionadas por Alejo Morodo. La sentencia concluye que el propósito principal de estas sociedades era reducir ilícitamente la carga fiscal, evitando la tributación directa por IRPF.
Ganancias Patrimoniales No Justificadas
La Sala explica que Raúl Morodo recibió cantidades de dos de estas sociedades, clasificadas como «ganancias patrimoniales no justificadas», ya que no prestaba ningún servicio en ellas. La base imposible del IRPF de Raúl Morodo asciende a 314.792 euros, con una cuota defraudada de 126.222 euros en 2014.
Exnuera Absuelta
La exnuera de Morodo, quien decidió no pactar con el ministerio público, ha sido absuelta. La Sala de lo Penal determinó que no puede considerarse responsable del fraude fiscal cometido por su marido. Aunque existían discrepancias sobre operaciones económicas en 2017, los magistrados aceptaron su explicación sobre la adquisición de inmuebles en España y Portugal.
Durante la instrucción, también fue imputada la esposa del exembajador, Cristina Cañeque, pero el juez instructor decidió remitir esta parte del caso a los juzgados de Plaza de Castilla, al considerar que los hechos no eran conexos.
