El tribunal manifiesta perplejidad ante los testimonios de empleados públicos que confirman la ausencia total de supervisión sobre la novia y la amiga del exministro.
El llamado «caso Ábalos» ha trascendido una mera investigación administrativa y se ha convertido en un complejo asunto que genera incertidumbre entre los jueces. Las recientes declaraciones de trabajadores en las empresas públicas investigadas han revelado un panorama de desorganización, donde intereses personales parecían prevalecer sobre criterios laborales.
Un interrogatorio caracterizado por la incertidumbre
El momento más tenso de la sesión se produjo cuando el juez, mostrando evidente frustración por la ausencia de explicaciones claras acerca de las funciones de las beneficiarias, planteó una pregunta que revela la debilidad de la defensa:
«¿Dónde trabaja usted? ¿Alguien las ha visto alguna vez en la oficina?»
Los testimonios de los compañeros de departamento fueron contundentes. En lugar de acreditar la profesionalidad de las contratadas, describieron un sistema en el que la pareja y una amiga cercana del exministro aparecían en nómina, pero sin despacho asignado, tareas concretas o supervisión efectiva.
Las debilidades del sistema de contratación
Lo que los testigos han revelado ante el tribunal fue una estructura compleja diseñada para evitar los controles habituales de la administración pública:
- Puestos ficticios: Las personas implicadas ocupaban cargos técnicos con altos sueldos sin acudir de forma regular a las sedes oficiales.
- Falta de claridad jerárquica: En las empresas públicas nadie pudo identificar quién era el encargado directo de aprobar su trabajo o supervisar horarios.
- Incorporación por «vía directa»: Los testimonios coinciden en que estas contrataciones obviaron los procedimientos convencionales de recursos humanos, respondiendo únicamente a una indicación política de alto nivel.
El escrutinio sobre los fondos públicos
Este nuevo episodio judicial pone en cuestión la gestión del exministro, al sugerir que las entidades estatales podrían haber sido utilizadas como un recurso privado para favores personales. Ahora, el tribunal intenta determinar la posible responsabilidad penal de quienes facilitaron que estos nombramientos permanentes se sostuvieran con recursos públicos, mientras los empleados de carrera observan con asombro cómo se gestionaban las propias instituciones en las que trabajan.
