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Consuelo Ordóñez solicita diálogo restaurativo con uno de los responsables del asesinato de su hermano

Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), ha pedido establecer un encuentro restaurativo con Juan Ramón Carasatorre, sentenciado por la muerte de su hermano Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado por ETA el 23 de enero de 1995 en San Sebastián.

La solicitud fue enviada por Ordóñez el 22 de enero a la dirección de la cárcel de Zaballa, donde Carasatorre cumple su condena. Tanto el centro penitenciario como el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco confirmaron haber recibido el correo.

No obstante, la presidenta de Covite denunció que ella ha quedado excluida de estos programas de encuentros restaurativos, a diferencia de otras víctimas que sí han recibido esta oportunidad. Recordó que en el pasado ocurrió algo similar en la denominada ‘vía Nanclares’, aunque gracias a su perseverancia logró reunirse en junio de 2012 con Valentín Lasarte, uno de los autores del asesinato de su hermano junto a Javier García Gaztelu, ‘Txapote’. Según Ordóñez, en dicho encuentro Lasarte “no mostró un arrepentimiento sincero”.

En relación con Carasatorre, expresó sus dudas sobre un posible arrepentimiento, señalando que el condenado “está bajo la protección de Sortu” y aparece en las listas de Etxerat como preso político, organizaciones que, en su opinión, “les impiden mostrar remordimiento”. Aun así, manifestó su intención de verlo personalmente para “ponerlo en evidencia”, con urgencia, dado que Carasatorre podría estar cercano a obtener el tercer grado penitenciario.

Además, criticó la justicia restaurativa instaurada por el Gobierno Vasco desde 2021, al considerar que trata “con igual criterio a los presos de ETA y a quienes cometen delitos menores como el hurto de carteras”, mientras que, según ella, “los primeros arrebataron vidas”.

Ordóñez concluyó que esta iniciativa pretende visibilizar la gravedad de los crímenes cometidos por ETA y destacar la diferencia entre la justicia que merecen las víctimas del terrorismo y la correspondiente a otros delitos de menor impacto.

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