El PSOE enfrenta una situación complicada a raíz del escándalo por las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, exasesor de la Moncloa. Ante la creciente preocupación por el impacto de estas acusaciones, el partido ha comenzado a implementar medidas para controlar la crisis, entre ellas, la destitución de Antonio Hernández, reconocida figura de confianza de Salazar.
Hernández, quien desempeñaba el cargo de director de Coordinación Política de la Presidencia, ha sido señalado como implicado en las denuncias de acoso. El presidente Pedro Sánchez intervino de manera rápida, asumiendo la responsabilidad en la gestión del caso y mostrando su compromiso con atender a las víctimas.
La destitución de Hernández, que se hará efectiva en el próximo Consejo de Ministros, ha sido calificada por miembros del Gobierno como una medida de contención. Aunque Hernández niega haber encubierto estos hechos, se acordó que su salida era la mejor opción para el partido.
El caso Salazar ha puesto en evidencia tensiones internas en el PSOE, donde varias mujeres habían reportado comportamientos inapropiados a través de los canales internos del partido. Estos reportes surgieron justo antes de que Salazar adoptara un nuevo puesto en la organización, lo que provocó que la Ejecutiva federal tuviera que intervenir, aunque las acciones iniciales no lograron reducir el malestar.
A pesar de las medidas adoptadas, las críticas internas no han cesado por la aparente falta de diligencia en la investigación. La divulgación de las denuncias en elDiario.es avivó la atención mediática y aumentó la presión sobre la dirección del PSOE, que convocó de forma urgente a sus responsables en materia de Igualdad.
Además, Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, recibió cuestionamientos debido a su cercanía con Salazar, aunque no forma parte de la comisión encargada de la lucha contra el acoso. Esta crisis ha generado un notable descontento en la organización, lo que motivó a varias mujeres destacadas del partido a publicar una carta promoviendo reformas significativas.
En este comunicado, firmado por figuras como Andrea Fernández y Carmela Silva, se reclama una profunda transformación de una formación que históricamente se ha identificado con la defensa de los derechos de las mujeres, pero que ahora muestra falencias en la aplicación de su ideario feminista. Las firmantes subrayan la importancia de garantizar espacios seguros para las víctimas y erradicar cualquier ambiente que proteja a los agresores.
El PSOE también enfrenta la presión de la oposición, con el PP anunciando que convocará a Salazar a declarar en el Senado, lo que aumenta la exigencia hacia la dirección del partido en una situación sin desenlace claro. Mientras tanto, el PSOE reafirma su disposición a respaldar a las víctimas si deciden llevar el caso ante la justicia, aunque la gestión del asunto sigue siendo compleja y requiere un manejo cuidadoso para preservar la imagen del partido.
