La Central Nuclear de Almaraz, ubicada en el municipio homónimo de Cantabria, ha adquirido un papel destacado durante la campaña electoral en Extremadura. Este complejo no solo representa una infraestructura industrial importante, sino que también es fundamental para la economía y la demografía local, que cuenta con 1.594 habitantes en 2025.
En una zona donde la renta media por hogar llega a 41.253 euros anuales, considerablemente superior a la media regional de 26.968 euros, las elecciones del 21 de diciembre han reavivado el debate sobre la planta. Su relevancia aumenta al ser una de las pocas centrales nucleares activas en España, junto a otras cuatro localizadas en Tarragona, Valencia y Guadalajara.
La relevancia de la Central Nuclear de Almaraz se evidencia en sus datos operativos. Según Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, la instalación cubre el 7% de la demanda eléctrica nacional, suministrando energía a más de cuatro millones de hogares. Asimismo, se calcula que evita la emisión anual de seis millones de toneladas de CO2, situándola como un elemento clave en la transición hacia fuentes de energía más limpias.
En el ámbito laboral, la central proporciona alrededor de 3.800 empleos directos e indirectos en Extremadura, con una concentración significativa en la comarca del Campo Arañuelo. Esta actividad tiene un impacto económico considerable, aportando aproximadamente 435 millones de euros anualmente, de los cuales 94 millones se destinan a las administraciones locales y autonómicas.
Quienes apoyan la continuidad de la planta argumentan que es una de las centrales más seguras a nivel mundial. En 2025, la Asociación Mundial de Operadores Nucleares le otorgó la máxima calificación de seguridad internacional, tras cumplir cinco objetivos clave establecidos para 2030 por la industria nuclear global. No obstante, una posible clausura futura podría tener consecuencias económicas y demográficas graves, afectando a numerosos municipios.
La Plataforma «Sí a Almaraz, Sí al Futuro», creada para defender la continuidad de la planta, señala que su cierre supondría una crisis social y económica, acelerando la despoblación regional y afectando negativamente a familias y al tejido empresarial. Asimismo, estiman que la pérdida de la central implicaría la reducción de oportunidades futuras para la comunidad.
Por el contrario, colectivos ecologistas se oponen a la renovación de la actividad en la central, destacando los problemas relacionados con la gestión de residuos nucleares. Señalan que la energía nuclear no puede considerarse completamente limpia y es menos flexible en comparación con las alternativas renovables, cuya rentabilidad está en crecimiento constante.
El calendario previsto para el cierre de la Central Nuclear de Almaraz, establecido para 2027 y 2028, ha generado un intenso debate político. Aunque las empresas propietarias han solicitado extender la operación hasta 2030, la decisión final corresponderá al Ministerio para la Transición Ecológica, que espera un análisis del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la viabilidad de esta prolongación.
Diversas posturas políticas se reflejan en sus propuestas. María Guardiola, del PP, aboga por la continuidad de la central, proponiendo incentivos fiscales vinculados a su funcionamiento. Vox defiende firmemente la planta y propone eliminar impuestos que gravan su actividad. El PSOE, aunque apoya la continuidad, exige que se garantice la existencia de alternativas económicas antes de plantear un cierre. Unidas por Extremadura, por su parte, impulsa una clausura responsable y puntual.
El futuro de la Central Nuclear de Almaraz supone un reto para la política regional, el modelo energético de Extremadura y la economía local. Las decisiones que se tomen tendrán efectos duraderos en la sociedad y el desarrollo de la región.