El embargo impuesto a la adquisición de armamento a Israel, aprobado por el Gobierno y ratificado por el Congreso el 8 de octubre pasado, ha durado menos de tres meses. Durante la semana navideña, el Consejo de Ministros autorizó el martes una primera excepción al veto, permitiendo la compra de tecnología israelí para cuatro proyectos militares de Airbus, basándose en una cláusula prevista en el real decreto que regulaba la restricción.
Esta decisión ha reabierto el debate político y ha recibido críticas tanto por parte de la oposición como de diversas organizaciones sociales. Dos días tras la aprobación, la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel —formada entre otras por la Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina (Rescop)— denunció públicamente la compra de material militar a Israel.
Las excepciones aprobadas afectan a cuatro programas estratégicos de Airbus: el avión de transporte A400M, el avión cisterna para reabastecimiento en vuelo A330 MRTT, el avión de vigilancia marítima C295 y el dron táctico Sirtap, siendo este último el primero desarrollado completamente en España. Todos estos se ensamblan en las plantas de Getafe (Madrid) y San Pablo (Sevilla).
Fuentes militares indican que sin la tecnología israelí ahora autorizada, estos proyectos no podrían completarse dentro del territorio nacional, lo que obligaría a finalizar su producción fuera de España. Airbus ya había advertido al Ejecutivo sobre esta posibilidad durante las negociaciones parlamentarias de septiembre pasado.
El Gobierno justifica la medida por el “gran potencial exportador e industrial” de los programas implicados y la necesidad de proteger los “intereses generales nacionales”. El real decreto que establecía el embargo contemplaba la posibilidad de levantarlo en casos que supusieran un perjuicio grave para la industria, el empleo, la economía o la autonomía estratégica del país.
A pesar de ello, inicialmente desde el Ejecutivo se presentó la medida como un “embargo total”, salvo una excepción que ahora se ha concretado poco más de dos meses después de su aprobación. La propia líder de Podemos, Ione Belarra, había llegado a señalar que el veto era un “embargo falso”.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió esta decisión el domingo en una entrevista en TVE, señalando que “no está relacionada con el ámbito de las armas”, sino que responde a una necesidad “industrial, comercial y de exportación” vinculada a la tecnología israelí.
Estas explicaciones no han convencido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien acusó al Gobierno de “mentir nuevamente”. Considera que el Ejecutivo engañó “a sus socios de Gobierno, a sus aliados parlamentarios y, lo más grave, a la nación”. “Este Gobierno miente tanto y durante tanto tiempo que ya lo damos por perdido”, afirmó el dirigente popular.
