La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en las localidades de Cheste y Vilamarxant. La operación, denominada Garrama, concluyó con ocho arrestos y el cierre de tres puntos de venta, identificándose que los delincuentes utilizaban a una mujer de 71 años para evitar ser detectados en los controles policiales.
Anciana como acompañante y espacio de almacenamiento
La investigación realizada por el Equipo ROCA de Llíria permitió descubrir que una pareja de 41 y 38 años, residentes en Vilamarxant, coaccionaba o empleaba a la mujer de 71 años para que los acompañase durante los traslados de la droga. La intención era mostrar una imagen familiar y cotidiana que no despertara sospechas ante posibles controles. Además, la vivienda de la anciana se utilizaba como lugar de almacenamiento tanto para la cocaína como para el dinero recaudado.
Venta de sustancias cerca de centros escolares
Uno de los lugares principales para la venta estaba ubicado en Cheste, en una vivienda cercana a un centro educativo. De acuerdo con la Guardia Civil:
- Las transacciones de droga se realizaban durante el día.
- Estas coincidían con el horario de entrada y salida de los alumnos, efectuándose en su presencia.
- El responsable de este punto, un hombre de 63 años, contaba con cinco colaboradores encargados de la venta directa y la cobranza.
Oposición violenta y condiciones precarias
El operativo de detenciones, llevado a cabo el 10 de febrero, fue especialmente complicado. Durante uno de los registros en Vilamarxant, un sospechoso disparó contra los policías con un arma de aire comprimido de alta potencia al intentar acceder a la propiedad. En ese momento, la mujer de 71 años trató de deshacerse de 700 gramos de cocaína lanzándolos a la finca contigua, recuperándose posteriormente.
Asimismo, la operación permitió descubrir un segundo punto de venta en Cheste, dirigido por una mujer de 58 años. En su domicilio, los agentes encontraron habitaciones muy pequeñas —con espacio apenas para una cama— alquiladas por 200 euros mensuales a extranjeros en condiciones de extrema precariedad.
