Madrid, 10 de diciembre de 2025
La Guardia Civil ha detenido este miércoles a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, en el marco de una operación ordenada por la Audiencia Nacional y supervisada por la Fiscalía Anticorrupción. La investigación permanece bajo secreto de sumario.
Según fuentes consultadas por Europa Press, las actuaciones se enmarcan en una causa todavía en desarrollo y que podría estar vinculada a derivadas de la trama de Servinabar, una empresa relacionada con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, extremo que por el momento no ha sido confirmado oficialmente.
Imputaciones por cohecho y tráfico de influencias
Leire Díez ya estaba imputada por cohecho y tráfico de influencias en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, dirigido por el magistrado Arturo Zamarriego. La investigación judicial sostiene que Díez y su socio, el empresario Javier Pérez Dolset, habrían ofrecido puestos, favores y beneficios procesales a cambio de información comprometida procedente de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la propia Fiscalía Anticorrupción.
En el sumario constan denuncias sobre supuestos intentos de soborno que implicarían al fiscal Anticorrupción José Grinda y al fiscal de Madrid Ignacio Stampa.
Revelaciones sobre presiones y ofrecimientos
Tal y como publicó El Debate, Díez —quien presuntamente trabajaba como enlace interno para Santos Cerdán— habría ofrecido a Grinda archivar causas sensibles como el caso Pujol o el 3% a cambio de beneficios personales y profesionales. El fiscal dejó constancia por escrito de que los ofrecimientos incluían destinos internacionales y el pago de demandas privadas.
Además, ese mismo medio desveló que el fiscal Stampa apuntó incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al relatar una reunión mantenida el 7 de mayo con Díez, Pérez Dolset y el empresario Luis del Rivero. En esa cita, la investigada se presentó como “la mano derecha” de Cerdán y aseguró actuar en nombre del PSOE. Según las grabaciones, Díez subrayó que el encuentro era “estrictamente confidencial” y que su misión era “ver qué había detrás de todo esto”.
Durante esa reunión, Pérez Dolset afirmó que, tras la imputación de Begoña Gómez, “el presidente ya dijo que se limpie todo, sin límite”, añadiendo que “los policías que falsifiquen informes, fuera; los fiscales que oculten pruebas, fuera; los que fabriquen causas, fuera”, en referencia a una supuesta directriz para depurar responsabilidades en el sistema judicial.
Ambos aseguraron que el presidente Sánchez, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, serían informados del encuentro: “Lo sabrán”, garantizó Díez.
El papel del periodista Rusiñol
En paralelo, el periodista Pere Rusiñol declaró recientemente ante el juez que no actuó como intermediario para trasladar ningún soborno al fiscal Grinda por parte de Díez. Reconoció haber llevado un documento en una reunión el pasado 27 de febrero, pero insistió en que lo hizo únicamente para contrastar información en el ejercicio de su labor profesional.
Investigación abierta y bajo secreto
Por el momento, ni la Audiencia Nacional ni la Fiscalía Anticorrupción han informado oficialmente sobre el alcance definitivo de esta nueva operación, que continúa abierta y bajo estricta reserva. Se espera que en los próximos días puedan conocerse más detalles conforme avance el levantamiento parcial del secreto de sumario.
