El decreto aprobado por el Gobierno central para fijar los criterios de reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas ha vuelto a situar a Ceuta en el centro del debate. Sin embargo, lejos de aprovechar la oportunidad para aliviar la saturación de recursos que sufre la ciudad autónoma, los representantes del Partido Popular por Ceuta en las Cortes Generales han optado por alinearse con la estrategia nacional de Alberto Núñez Feijóo.
El diputado Javier Celaya y los senadores Abdelhakim Abdeselam y Cristina Pérez han respaldado la impugnación del decreto ante el Tribunal Constitucional, una decisión que, según numerosas voces críticas en la ciudad, supone dejar de lado a Ceuta y a los ceutíes en favor de los intereses personales y de la disciplina de partido.
Contradicción con el PP local
El contraste con la postura de Juan Vivas, presidente del Gobierno de Ceuta y del PP ceutí, no puede ser mayor. Vivas lleva meses reclamando solidaridad territorial y la activación de la figura de “contingencia migratoria” que permitiría derivar a menores a la Península. Su mensaje ha sido claro: Ceuta no tiene capacidad para acoger dignamente a todos los niños y adolescentes que llegan a la ciudad.
Sin embargo, Celaya, Abdeselam y Pérez han hecho exactamente lo contrario. En lugar de defender a su ciudad, han preferido reforzar el discurso de la dirección nacional de su partido, alineándose con un recurso que bloquea la medida que Ceuta más necesita.
Críticas a la “deslealtad” con los ceutíes
Las críticas no han tardado en llegar. Asociaciones sociales, representantes institucionales y ciudadanos reprochan a los parlamentarios populares que hayan renunciado a ser la voz de Ceuta en Madrid. “Han traicionado la confianza de quienes les eligieron para defender a la ciudad. En lugar de ponerse del lado de Juan Vivas y de los ceutíes, han optado por obedecer ciegamente a Feijóo”, denuncian fuentes cercanas al Ejecutivo local.
El malestar es aún mayor porque Ceuta, junto con Canarias y Melilla, es una de las regiones más desbordadas por la llegada de menores migrantes. El decreto suponía un balón de oxígeno para los servicios de acogida, pero la posición de los parlamentarios ceutíes amenaza con retrasar y debilitar su aplicación.
Intereses personales frente a responsabilidades públicas
La percepción generalizada es que Celaya, Abdeselam y Pérez han priorizado su proyección política y su fidelidad a la cúpula nacional antes que cumplir con el mandato de representar los intereses de su circunscripción. Una actitud que muchos califican de “desleal” y “cómplice del abandono” de Ceuta.
Mientras tanto, Juan Vivas insiste en la necesidad de encontrar soluciones y en la obligación moral de que todas las comunidades autónomas compartan el esfuerzo. La incoherencia entre el discurso del presidente de la ciudad y el comportamiento de sus representantes en Madrid erosiona la credibilidad de estos últimos y los sitúa en el centro de la polémica.
