Cinco magistrados del Tribunal Constitucional han presentado un voto particular muy crítico respecto a la resolución que avala los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. En él, acusan al tribunal de sostener un sistema estatal que funciona, según su descripción, como un “negocio piramidal” financiado con dinero de las compañías.
Este voto particular, firmado por Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías, señala que la mayoría del tribunal respalda un mecanismo que obliga a las grandes empresas a anticipar impuestos sobre ingresos supuestos o inexistentes, contraviniendo el principio constitucional de capacidad económica.
Para los magistrados discrepantes, esta normativa convierte a las empresas en prestamistas forzosos del Estado, que retiene durante meses la liquidez adelantada sin abonar intereses, lo que genera una ventaja financiera indebida para la Administración. Lo consideran un método oculto de financiación a costo cero que causa perjuicio evidente a las firmas afectadas.
Además, critican que la mayoría del tribunal justifique la medida con argumentos como “técnica tributaria” o “viabilidad administrativa”, razones que, a juicio de los firmantes, no se compatibilizan con los derechos constitucionales de los contribuyentes.
Finalmente, los cinco magistrados concluyen que la normativa persigue fines exclusivamente recaudatorios, contribuyendo a la reducción del déficit público a costa de las grandes compañías, lo cual resulta paradójico frente a políticas legislativas previas que intentaban mejorar la liquidez de estas empresas.
