En un movimiento inesperado de gran impacto geopolítico, la administración estadounidense ha autorizado a Chevron para retomar la producción de petróleo en Venezuela, luego de un acuerdo alcanzado entre el expresidente Donald Trump y el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Esta decisión, que brinda un alivio económico significativo para el gobierno de Maduro, forma parte de la estrategia de Washington para contener la creciente influencia de China en el sector energético venezolano. Venezuela, que posee una de las mayores reservas petroleras a nivel mundial, ha sido ampliamente sancionada por Estados Unidos en los últimos años, lo que ha disminuido considerablemente su producción y ha aislado a PDVSA del sistema financiero internacional.
La reanudación de las actividades de Chevron en territorio venezolano no solo favorecerá un aumento gradual en la extracción de crudo, sino que podría también iniciar una nueva fase en las relaciones bilaterales, que, aunque aún tensionadas, se están revisando de manera pragmática en función de intereses estratégicos globales.
Expertos indican que esta medida no implica una eliminación completa de las sanciones, sino una flexibilización condicionada que podría revertirse si el gobierno venezolano no cumple con los compromisos políticos acordados en las negociaciones.
El acuerdo ha provocado opiniones divididas. Mientras que algunos sectores económicos lo consideran una oportunidad para reactivar parte de la economía venezolana, organizaciones de derechos humanos critican que se otorgue respaldo financiero a un régimen señalado por prácticas autoritarias.
