El aumento del despliegue militar estadounidense frente a las costas venezolanas ha reavivado el debate sobre el denominado Cártel de los Soles, considerado por Washington como un grupo vinculado al narcotráfico y la corrupción a nivel alto. No obstante, algunos especialistas afirman que se trataría más de una red de corrupción dentro del Estado que de una auténtica organización criminal bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro.
La Administración Trump ha responsabilizado a Maduro de encabezar esta estructura y de supuestamente apoyar a organizaciones extranjeras como el Tren de Aragua de Venezuela y el Cártel de Sinaloa mexicano. Según el Departamento del Tesoro, el Cártel de los Soles habría empleado el narcotráfico como un instrumento contra Estados Unidos, infiltrando y corrompiendo instituciones gubernamentales, incluyendo sectores del ejército, la inteligencia y el sistema judicial.
Sin embargo, el centro de estudios InSight Crime advierte que no se trata de un cártel con una jerarquía clásica, sino de una red de corrupción: las autoridades posiblemente no participan directamente en el tráfico de drogas, pero facilitan las operaciones a cambio de beneficios económicos y protección a los narcotraficantes.
El término proviene de 1993, cuando se reportaron casos de militares venezolanos involucrados en el narcotráfico. Los generales de la Guardia Nacional implicados en estas redes podían ser identificados por el número de soles dorados que portaban en sus uniformes.
Por su parte, la Casa Blanca aumentó la recompensa a 50 millones de dólares para información que permita la captura de Maduro, y a 25 millones para el ministro de Interior Diosdado Cabello. No obstante, el último informe del Departamento de Estado sobre operaciones antidrogas no menciona al cártel ni establece un vínculo directo entre Maduro y el narcotráfico, generando dudas a nivel internacional. El presidente colombiano Gustavo Petro llegó a afirmar que el Cártel de los Soles «no existe» y que se trataría de una «excusa ficticia de la extrema derecha».
El incremento de la presión de Estados Unidos se refleja en el envío de seis buques de guerra, un submarino nuclear y 4.000 soldados al Caribe, además de aviones de combate. Frente a ello, el gobierno chavista movilizó 4.5 millones de reservistas civiles y 15.000 militares en la frontera con Colombia.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, destacó que Estados Unidos está dispuesto a emplear todos sus recursos para impedir la entrada de drogas en su territorio y llevar ante la justicia a quienes sean responsables. Mientras tanto, el régimen venezolano califica el despliegue como una «vendedera de humo» y prepara a sus milicias para cualquier posible confrontación.
En este contexto, Colombia ha intentado reducir las tensiones. Su canciller Rosa Villavicencio aseguró que en conversaciones con representantes estadounidenses se confirmó que no existe intención de realizar una intervención militar en Venezuela.
