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miércoles, marzo 18, 2026
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El banquillo aguarda al supuesto responsable de la red de explotación en la Gran Vía con una petición de 8 años de prisión

La justicia de Ceuta se dispone a juzgar un caso de explotación sexual de gran relevancia detectado en el centro de la ciudad en los últimos años. Tal y como informa El Faro de Ceuta, la Fiscalía ha solicitado una condena de 8 años de cárcel para M.L.A., ciudadano español señalado como el líder de una red de prostitución que operaba en un piso alquilado en la Gran Vía.

Reclutamiento basado en la vulnerabilidad

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2024, cuando la Policía Nacional desmanteló la organización tras una investigación que duró varios meses. La acusación describe que el procesado utilizaba internet y aplicaciones de mensajería para atraer a mujeres originarias de Marruecos, Colombia y Venezuela.

El acusado aprovechaba la difícil situación económica de las víctimas, financiando su desplazamiento a Ceuta mediante el pago de los billetes de transporte. No obstante, este supuesto apoyo constituía una deuda económica que las víctimas debían saldar mediante la práctica de la prostitución bajo estrictas condiciones de control.

Control constante y disponibilidad 24/7

La Fiscalía relata un contexto de explotación severa en el piso situado en la Gran Vía:

  • Presencia permanente: Las mujeres tenían que estar disponibles para los clientes las 24 horas del día, durante toda la semana.
  • Restricción de movimientos: El acusado supervisaba continuamente el inmueble, permitiendo únicamente salidas para la adquisición de alimentos básicos.
  • Administración externa: M.L.A. gestionaba los anuncios en internet, establecía las tarifas y se encargaba de la recaudación, ya sea en efectivo o por Bizum, quedándose con el 50% de las ganancias.

Evidencias y requerimientos judiciales

En el registro realizado bajo la orden del Juzgado de Instrucción número 4, los agentes encontraron a una mujer de nacionalidad marroquí y decomisaron dispositivos móviles que respaldan la acusación.

Además de la pena de 8 años de cárcel, el Ministerio Fiscal solicita:

  1. Libertad vigilada durante 10 años una vez cumplida la condena principal.
  2. Indemnización de 20.000 euros como responsabilidad civil para tres víctimas identificadas.

La vista oral, que tendrá lugar próximamente, culminará un proceso que comenzó hace año y medio con la intervención policial en el corazón de Ceuta.

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