Cuando se supera la mitad de la legislatura, el Ejecutivo de coalición conformado por PSOE y Sumar ha conseguido aprobar solo una decena de las aproximadamente 50 iniciativas que requerían luz verde en el Congreso, según el acuerdo firmado hace más de dos años por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
El principal impedimento lo representa el partido independentista Junts, que desde hace semanas comunicó que rechazará todos los proyectos que provengan de La Moncloa. Sin el respaldo de sus siete diputados, muchos de los planes enfrentan un futuro incierto y la mayoría de los compromisos del acuerdo podrían quedar paralizados hasta el año 2027, aun sin convocarse elecciones generales. Para avanzar, la coalición necesitaría alcanzar un poco probable pacto con el PP o Vox.
Algunas normativas contempladas en el pacto se están tramitando con éxito, como las relacionadas con el Impulso a la Economía Social, Cine, la regulación de los Servicios de Atención a la Clientela y la Movilidad Sostenible. No obstante, otras medidas esenciales —tales como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la ley integral contra la trata de personas, la reforma del sistema judicial, el reconocimiento de las víctimas de bebés robados, el estatuto del becario y la disminución de ratios en las aulas— corren el riesgo de no avanzar legislativamente.
El pacto de coalición también contempló compromisos como la actualización del modelo de financiación autonómica, la limitación de la concentración empresarial, la implementación de un sistema de infraestructuras mallar, la regulación del trabajo artístico, la protección de las distintas formas de familia y la promoción de un Pacto de Estado por los derechos LGTBI. Por otro lado, la puesta en marcha de los nuevos Presupuestos Generales del Estado continúa estancada tras el rechazo a la senda de déficit.
Hasta ahora en la legislatura se han aprobado 25 leyes y convalidado 29 reales decretos leyes, incluidos algunos puntos del pacto, como la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuidos”, la ampliación de permisos por cuidado de hijos y la regulación de la jubilación parcial. Además, se aprobó una norma contra el desperdicio alimentario con sanciones que pueden alcanzar los 500.000 euros.
El PSOE sigue ofreciendo diálogo a Junts como método para desbloquear la legislatura, mientras que el desarrollo de las restantes iniciativas del acuerdo depende actualmente del rechazo del partido independentista.
