Rachid Sbihi.
En Ibiza, una conductora ha sido denunciada por la Guardia Civil por difundir, a través de un grupo de Telegram, la existencia de un control de tráfico en la carretera.
Aquí en Ceuta, los recientes atracos sufridos por dos taxistas han reabierto el debate sobre la inseguridad en la ciudad y la necesidad de implantar el llamado “botón del miedo” en el sector del taxi.
Y sí, toda medida que ayude a una víctima a pedir auxilio de forma rápida es bienvenida. Una solicitud legítima que, sin duda, puede ayudar a reaccionar con rapidez ante una emergencia real. Nadie lo discute y nadie con un mínimo de sentido común puede oponerse a eso.
El problema es que se vuelve a mirar al lugar equivocado, mientras se evita hablar de lo que todos saben y casi nadie se atreve a señalar. Es un error —otro más— quedarse solo en la superficie y no señalar el auténtico “cáncer” que padece la seguridad pública de esta ciudad.
Porque el problema de Ceuta no es la falta de botones, alarmas o cámaras. El verdadero problema es que el delito está organizado, comunicado y protegido. Ceuta no es una ciudad insegura por falta de botones de alarma. Lo es porque existe un ecosistema paralelo de comunicación que permite a los delincuentes moverse con total tranquilidad.
Y no por grandes estructuras mafiosas invisibles, sino por algo tan cotidiano como la existencia de numerosos grupos de WhatsApp que funcionan con absoluta normalidad las 24 horas del día y que sirven para avisar en tiempo real de: puntos de verificación, controles de tráfico, ubicación de radares y coches patrullas, vehículos oficiales camuflados, operativos policiales, registros o simples movimientos de las fuerzas de seguridad en determinadas zonas de la ciudad.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles recuerda que la difusión de controles policiales en tiempo real, no está permitida (artículo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana) y que su uso inadecuado puede socavar la eficacia de los operativos de seguridad vial, así como poner en peligro tanto a los agentes como a otros conductores.
Alertar de controles de alcoholemia, drogas o documentación mediante mensajes en redes o grupos de mensajería es considerado un acto que puede facilitar la elusión de estos dispositivos preventivos e impactar negativamente en la seguridad en carretera.
Desde AUGC señalan que la difusión no autorizada de datos sobre operativos en curso no solo vulnera la ley, sino que también puede “poner en riesgo la seguridad del operativo y de terceros”, al facilitar que otros conductores eviten controles destinados a detectar infracciones graves como la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, la falta de documentación o la presencia de vehículos no asegurados.
Gracias a esos avisos, el delito se adelanta siempre a la ley. Lo más grave es que estos grupos no son pequeños ni improvisados. Son espacios que convierten cualquier intento de actuación policial en una carrera perdida antes de empezar. Chats que permiten a los delincuentes (como esos pistoleros que están sembrado el “caos” estos últimos días en nuestra ciudad) moverse con tranquilidad, elegir rutas, esconder drogas, armas, o desaparecer antes de que lleguen los agentes de la autoridad.
Esa es la realidad que muchos prefieren no nombrar. Lo más grave no es solo que estos grupos existan, sino cómo funcionan. Están bien organizados, con administradores que, en muchos casos, utilizan números de teléfono de Marruecos, lo que les hace prácticamente imposible localizar, identificar, controlar y responsabilizar. Una estructura pensada precisamente para no rendir cuentas. Una barrera técnica y legal que se ha convertido en un escudo perfecto para la impunidad. Un sistema blindado que se ríe de la ley y de quienes deberían hacerla cumplir.
Dentro de esos grupos conviven perfiles muy distintos, pero con un interés común: esquivar a la policía. Un ecosistema en el que no están solo los delincuentes “clásicos”. NO. En esos grupos conviven delincuentes habituales, sicarios, traficantes de seres humanos y de drogas, individuos al volante bajo los efectos del alcohol o las drogas, con requisitorias judiciales o antecedentes penales, junto a conductores profesionales, ciudadanos que conducen careciendo del permiso de conducción, sin ITV o sin el seguro obligatorio y otros perfiles que, aunque no se consideren criminales, participan activamente en el mismo juego.
Todos avisando, todos colaborando, mezclados en el mismo canal y mirando hacia otro lado mientras el delito se beneficia simplemente por compartir información que pone en riesgo la seguridad pública de toda la ciudad.
Y aquí es donde nace la gran contradicción. Esa convivencia es la mayor vergüenza colectiva. Porque no hablamos de miedo, hablamos de complicidad. No se puede denunciar inseguridad por la mañana y por la tarde estar en un grupo avisando de controles. No se puede exigir protección mientras se sabotea sistemáticamente a quienes intentan proteger.
Se pide más seguridad, más protección y más medios, pero al mismo tiempo se tolera —cuando no se participa— en redes que hacen imposible esa seguridad. Se reclama tranquilidad para trabajar, pero se contribuye a crear un entorno donde el delito siempre va un paso por delante. No se puede pedir más policía y al mismo tiempo, hacer de “chivato” del delincuente.
El “botón del pánico” puede salvar una vida en un momento crítico. El “botón del miedo” puede ser una herramienta útil para un taxista que sufre un atraco. Pero no va a salvar a Ceuta. No puede convertirse en la cortina de humo que oculte el verdadero problema.
Porque el miedo real no lo sufren solo los taxistas atracados; lo sufre toda una ciudad que ve cómo la ley es burlada cada día con la colaboración silenciosa —o activa— de demasiada gente. Porque el miedo no empieza cuando alguien pulsa un botón; empieza cuando los delincuentes saben que alguien les va a avisar antes de que llegue la policía.
Mientras estos grupos de WhatsApp sigan funcionando con total impunidad, mientras se mire hacia otro lado y se acepte esta convivencia tóxica entre delincuentes, conductores profesionales y ciudadanos “corrientes”, cualquier medida será insuficiente y cualquier discurso sobre seguridad será una farsa.
Y mientras se normalice avisar a delincuentes como si fuera algo “sin importancia”, Ceuta seguirá siendo un territorio donde el crimen se siente cómodo. No habrá botón, cámara o patrulla capaz de garantizar seguridad en una ciudad donde la ley es traicionada desde dentro.
Porque una ciudad donde el delito tiene grupo de WhatsApp no necesita botones del miedo ni botones del pánico: necesita dejar de tener tantos cómplices.
Hablar de esto no es criminalizar a un sector ni señalar a nadie en concreto. Pero mientras se siga callando por miedo, por interés o por costumbre, nada cambiará. Es reconocer una realidad incómoda pero evidente.
Si Ceuta quiere ser una ciudad más segura, el primer paso no es tecnológico: es moral y colectivo. Y pasa por decir basta a los WhatsApp del delito.
Aquí no falta tecnología. Falta valentía y responsabilidad. Falta una ruptura clara y firme con esta cultura del aviso, del apaño y del “yo no he sido”. Y hasta que eso no ocurra, todo lo demás serán parches, titulares y excusas.
