El proceso judicial relacionado con Begoña Gómez ha reavivado la discusión respecto al papel que desempeñan los jurados populares en comparación con los tribunales conformados por jueces profesionales. Desde su implantación en 1995, a partir de una legislación promovida por la izquierda, estos órganos formados por ciudadanos sin formación jurídica específica han sido objeto de controversia, especialmente en asuntos de gran notoriedad o que incluyen delitos complejos.
Quienes apoyan este sistema argumentan que los jurados populares facilitan un acceso más directo de la ciudadanía a la justicia y fortalecen la confianza en las instituciones democráticas. Por otro lado, sus opositores ponen en duda la capacidad de estos ciudadanos para evaluar pruebas técnicas o procesos legales complejos, donde el análisis jurídico es crucial.
En razón de su alta visibilidad pública y su impacto político, el ‘caso Begoña Gómez’ plantea una vez más si esta forma de participación ciudadana es adecuada en situaciones tan delicadas o si, en cambio, sería preferible que los casos quedaran bajo la responsabilidad exclusiva de jueces expertos.