El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está desarrollando un mapa para detectar las zonas rurales y montañosas donde la cobertura de las pulseras antimaltrato presenta deficiencias. Esta problemática ha sido señalada con frecuencia por juezas y las comisiones provinciales de violencia de género.
Esther Rojo, presidenta del Observatorio desde noviembre pasado, resaltó la relevancia de este trabajo durante una visita al Centro Cometa, responsable del control de estas pulseras telemáticas. «En esa visita consulté directamente sobre la cobertura y me confirmaron que están elaborando este informe», comentó en una entrevista.
Una vez recibido por el Observatorio, el mapa se remitirá a los juzgados que tramitan casos de violencia de género, para que los magistrados conozcan las limitaciones tecnológicas que podrían afectar las medidas de alejamiento impuestas a agresores.
La iniciativa surge después de una reunión en la que se abordaron distintos problemas relacionados con las pulseras telemáticas, incluyendo las complicaciones derivadas de la migración de datos entre proveedores, que ponen en riesgo la seguridad de las víctimas.
Según Rojo, uno de los temas más relevantes fue la carencia de cobertura en pequeñas localidades y zonas rurales. Las actas de las comisiones provinciales y varios informes judiciales indican que en estos lugares la geolocalización del agresor y la víctima puede resultar ineficaz.
Este problema afecta sobre todo a áreas rurales aisladas y territorios montañosos, y no se atribuye únicamente a fallos temporales, explicó la presidenta del Observatorio. Es fundamental que la administración judicial esté informada sobre estas deficiencias para tomar medidas de protección adecuadas.
El Centro Cometa ha señalado que próximamente podrá enviar el mapa solicitado al Observatorio. Este documento se actualizará regularmente para reflejar mejoras en la cobertura y mostrar con precisión las zonas donde persistan problemas.
La presidenta del Observatorio subrayó que identificar las zonas con déficits de cobertura es crucial tanto para las mujeres protegidas como para los jueces que establecen estas medidas. La prioridad es garantizar la integridad de las víctimas de violencia de género mediante una aplicación efectiva de estas tecnologías de seguimiento.
